La concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, pidió explicaciones al concejal de Urbanismo y Medio ambiente, José Luis Ruiz, por las obras de reforma que se están llevando a cabo en un macrocebadero de la pedanía de Cazalla a escasos 300 metros del colegio público de educación infantil Virgen de las Huertas.

Se trata, según Martín, de una explotación que ha estado fuera de funcionamiento durante casi dos años, «por lo que habría perdido su licencia de actividad».

Considera que «los trabajos se podrían estar ejecutando sin la correspondiente licencia de obras, ya que ni siquiera se han practicado notificaciones a los vecinos colindantes, lo que les ha impedido presentar alegaciones al proyecto y les ha dejado en la más absoluta indefensión».

Martín explicó que algunos de los vecinos afectados han realizado consultas en Urbanismo, y que tanto el concejal responsable como los técnicos han confirmado estos extremos, así como que la granja estaría afectada por una moratoria establecida tras la aprobación del Plan General en el año 2003, por lo que sus propietarios disponían de un plazo de 15 días para trasladar la explotación y dar así cumplimiento a las distancias establecidas en la normativa.

En este sentido, la edil explicó que el 4 de julio de 2019 se solicitó información por escrito sobre el grado de cumplimiento del régimen transitorio para este tipo de explotaciones «sin que aún nos hayan respondido».

La concejala dice no entender cómo, a pesar de las presuntas irregularidades, las obras continúan su curso con toda normalidad y que, incluso, ya han instalado las tolvas para el pienso.

Por todo ello exigió un pronunciamiento del equipo de Gobierno, señalando que «por mucho que digan que ahí no va a entrar ningún cerdo, todo está ya casi dispuesto para que en el macrocebadero se retome la actividad ante la indignación de los vecinos».

Obras responsables

Según el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Luis Ruiz, «se trata de una explotación con capacidad para 300 reproductoras que estuvo acogida al proceso de legalización del sector porcino», añadiendo que «las obras que se están ejecutando tienen el amparo de una declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento por el titular actual de la explotación».

Ruiz reiteró que «el Ayuntamiento, a denuncias de vecinos colindantes, está tomando todas las medidas legales a su alcance para resolver la cuestión de manera adecuada, conforme a la legalidad vigente y en defensa de lo dispuesto en el Plan General Municipal de Ordenación, cuidando de la salubridad de todos los vecinos afectados».