El juicio que desde el pasado 18 de diciembre se desarrolla en la Audiencia Provincial de Murcia ante un jurado popular por el crimen ocurrido en Lorca en julio de 2018 podría vivir un hecho que no tiene precedentes en la historia de esta institución en la Región: el desplazamiento de los miembros del jurado al lugar de los hechos para realizar una inspección ocular.
Esa posibilidad fue puesta de manifiesto por el presidente del jurado, el magistrado Juan del Olmo, en la quinta sesión de la vista oral, cuando indicó a todas las partes personadas en este juicio que los integrantes del mismo tienen perfecto derecho a instar la práctica de todas aquellas pruebas que consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Del Olmo advirtió que si los integrantes de este tribunal popular, compuesto por siete mujeres y dos hombres, así lo pide, «nos iremos todos a Lorca».
Con esa diligencia de prueba se trataría de recorrer las distintas zonas de un polígono industrial de Lorca donde se cometió el crimen que costó la vida a un joven de 19 años, que dejó viuda e hijo de corta edad al recibir un navajazo en el corazón.
De acordarse la práctica de la inspección ocular, la misma conllevaría un gran despliegue de medios y de medidas logísticas y de seguridad, ya que son doce los acusados, once los miembros del jurado, incluidos los dos suplentes, el fiscal del caso, dos acusaciones particulares y varios letrados defensores.
Indagación del suceso
Con esa diligencia, en caso de que la práctica de la misma fuese solicitada por los jurados, se trataría de conocer el lugar donde comenzó la pelea entre los integrantes de dos grupos que mantenían rencillas previas, el camino recorrido por la víctima hasta que no pudo escapar a la mortal agresión y el lugar donde el considerado autor material del asesinato habría arrojado la navaja homicida.
Los vocales del jurado, todos ellos personas jóvenes, han desplegado una gran actividad en las cinco sesiones que van celebradas, en las que han formulado numerosas preguntas tanto a los procesados como a los testigos. El fiscal atribuye a los doce acusados un delito de asesinato, por el que reclama 22 años de prisión para el joven al que considera autor del apuñalamiento y 17 años para los demás, como cooperadores necesarios.
