«Rocío era una cría que era incapaz de romper una valla para saltar por ahí», tiene claro Joaquín Sarabia, el padre de la menor que en 2016 fue arrollada mortalmente por un tren en Alguazas. Más de tres años después de aquello, un Juzgado de Madrid ha absuelto a Adif de toda responsabilidad en lo sucedido. Joaquín Sarabia no está de acuerdo con la sentencia y quiere presentar un recurso.

«Era buenísima, súper educada», apunta el hombre, que asegura que pasó mucho tiempo «luchando con Renfe y con Adif para que sellaran el lugar del accidente, para que no volviera a suceder aquello». «Y lo hicieron», señala el hombre, que habitualmente lleva flores a este lugar.

Rocío perdió la vida al ser atropellada por un convoy. Cuando accedió a las vías, por una valla que estaba rota, con el fin de cruzar al otro lado, iba con los cascos puestos y no se percató de que venía el tren. Ahora, la sentencia apunta que «la víctima, aunque menor de edad, tenía capacidad para discernir la peligrosidad que conllevaba intentar cruzar las vías por ese paso y no por el habilitado específicamente para ello».

También dice el juez que la adolescente «no se introdujo por error en las vías, sino que lo hizo voluntariamente, puesto que forzosamente tuvo que o bien pisar o bien saltar la valla tumbada».

«Además, debe tenerse en cuenta que, aunque el vallado se encontrase roto, la propia existencia del mismo a debería actuar como lógico recordatorio de la prohibición de pasar», destaca.

En opinión del juez, «no cabe extender la responsabilidad de las empresas ferroviarias a los accidentes que sobrevienen por un proceder voluntario de la propia víctima». «La menor, no solo se introdujo en la zona de las vías (lo que está terminantemente prohibido aparte de ser muy peligroso), sino que lo hizo sin tomar la elemental precaución de mirar si algún tren se acercaba (los trenes van provistos de potentes focos para ser advertidos), y además escuchando unos auriculares que le impidieron oír el silbato repetidamente accionado por el tren que se aproximaba», insiste.

Cree el juez que «la Administración no puede convertirse en aseguradora universal de daños o lesiones que no estén directa y causalmente conectados con alguna actuación administrativa».

Joaquín Sarabia, por su parte, insiste en que no busca dinero: solo quiere que quede constancia de que «mi hija perdió la vida por una negligencia de ellos». Considera que la resolución culpa a la propia Rocío, y no piensa consentir eso. «Desde que pasó, tenemos la vida destrozada», asevera.