Más de 10.000 euros por poseer un gramo de marihuana. Son las elevadas sanciones por reincidencia en el consumo o tenencia de cannabis en vía pública que contempla la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana (más conocida como 'Ley Mordaza') y que se están aplicando en Yecla de forma tajante. A falta de datos oficiales, un informe emitido por el despacho jurídico Brotsanbert aclara que el Ayuntamiento de Yecla podría haber tramitado entre 50 y 100 sanciones con esta cantidad.
A pesar de que la parte más conocida de la 'Ley Mordaza', y la que más polémicas ha levantado, es la que regula y sanciona el derecho de huelga, las multas por manifestación o la grabación a agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones; la verdad es que en 2015 el 84% de las sanciones impuestas bajo esta ley estaban relacionadas con la posesión de drogas, cifra que descendió al 64% en 2016 y que volvió a aumentar en 2017 hasta el 69% En total, en los tres años reflejados en el informe del despacho jurídico, apoyado en datos del Ministerio del Interior, en España se han impuesto más de 350.000 sanciones relacionadas con drogas, casi la totalidad por tenencia de cannabis en un lugar no visible.
Bortsanbert destaca el caso de Yecla como un municipio donde la Ley Mordaza se aplica de forma tajante. La LO 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana da a los ayuntamientos la competencia para sancionar las infracciones que se cometan en espacios públicos municipales o que afecten a bienes de titularidad oficial. Según el abogado Francisco Azorín, "los ciudadanos de Yecla están sufriendo una imposición sistemática de sanciones por tenencia de cannabis que ascienden a la astronómica cantidad de 10.401 euros".
En la investigación que han desarrollado desde el Estudio Jurídico se asegura que se podrían haber impuesto entre 50 y 100 sanciones con esta cantidad, "lo que podría haber hecho recaudar a este Ayuntamiento la friolera de 1 millón de euros con el esfuerzo económico de aproximadamente 100 ciudadanos/contribuyentes, que habrían visto embargados sueldos o propiedades. Estos ingresos por sanciones constituirían alrededor de un 3,7 % del total del presupuesto municipal, que se sitúa en 27 millones de euros". La primera sanción administrativa por tenencia o consumo de cannabis es de 601 euros, y se multiplica hasta 10.041 por reincidencia.
Entre los distintos casos, sobresale el de un ciudadano al que, habiendo pagado la sanción reducida de 5.200 euros por reincidencia, volvieron a sancionar por tercera vez por tenencia al serle incautado un grinder (triturador de marihuana) en cuyo interior había 0.01 gramos de cannabis.
Además, destaca Azorín, "esta persona no podrá recurrir porque le intentaron notificar la sanción pero no estaba en casa, por lo que su sueldo quedará embargado hasta que pueda pagarla, lo que supone un año trabajando nada más que para pagar esta sanción".
Aunque este es el caso más llamativo, no es la única persona que está en una encrucijada. Otras personas sancionadas por reincidencia, y que prefieren mantenerse en el anonimato, aseguran que la sanción "le ha arruinado el futuro", y que deberá trabajar los próximos meses únicamente para pagarla. "No estoy en contra de las sanciones", aclara, "sino de la elevada cifra que se impone por llevar una pequeña cantidad de marihuana que ni si quiera iba a consumir en la calle".
Ese es una de las principales ideas en las que se apoya el Estudio Jurídico Brotsanbert en su informe, avalado por organizaciones y asociaciones pro cannabis y pro derechos humanos: "La ley debe aplicarse, pero las sanciones deben ser proporcionales".
Desde las entidades firmantes del informe piden al Gobierno de España que frene la criminalización y estigmatización de las personas usuarias de cannabis y que se vuelva a la regulación que existía antes de la Ley Mordaza.
El Ayuntamiento de Yecla, en contra de la "desproporcionalidad" de las sanciones
Algunos sancionados ya han presentado recursos por lo contencioso en el juzgado de Murcia, y que están siendo tramitados por el despacho de abogados Brotsanbert. Ante el revuelo social que ha causado el conocimiento de la política de sanciones del Ayuntamiento de Yecla, la concejal de Seguridad Ciudadana, M.ª Isabel Pérez, ha subrayado la "desproporcionalidad" de las sanciones aunque "es lo que la ley ordena y no depende de nosotros su modificación".
En la Junta de Gobierno Local del pasado 12 de marzo se elevó una consulta a la Delegación del Gobierno ante la "clara desproporción" de las sanciones, y que fue respondida indicando que "debíamos cumplir la ley y que no estábamos capacitados para ponderar las sanciones".
Otras fuentes del Equipo de Gobierno recomiendan presentar alegaciones a las sanciones por reincidencia para que sean resueltas por un juez. A la espera de la modificación de la Ley o de la resolución de los recursos, en Yecla las sanciones continuarán hipotecando el futuro de los usuarios de cannabis.
