18 de julio de 2019
18.07.2019
Justicia

El Supremo recurrirá el archivo del caso 'Pasarelas' que investigaba a Pedro Antonio Sánchez

El expresidente de la Comunidad fue absuelto por haber expirado el plazo máximo

18.07.2019 | 17:10
Pedro Antonio Sánchez.

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) recurrirá el archivo del caso 'Pasarelas' de presunta corrupción urbanística en el que figuraba como investigado el expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, quien fue absuelto por haber expirado el plazo máximo de investigación establecido legalmente.

Así lo ha hecho saber el Fiscal Superior Fiscal de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, en la rueda de prensa para presentar la Memoria de la Fiscalía de Murcia del año 2018 y al ser preguntado por si la Fiscalía del TS se había manifestado ya sobre la propuesta de la Fiscalía Superior de la Región para recurrir el denominado caso 'Pasarelas'.

Cabe recordar que en estas actuaciones se investigaba la contratación de un arquitecto por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde para la elaboración de la documentación técnica para una subvención de obra pública en el entorno de la rambla Nogalte, "sin la celebración del correspondiente contrato de prestación de servicios".

De momento, Díaz Manzanera ha señalado que la Fiscalía del TS no se lo ha comunicado oficialmente, pero "extraoficialmente" se le ha trasladado que es de los recursos que "merece la pena interponer", por lo que ha asegurado que se interpondrá y, en ese momento, ha garantizado que, "por supuesto, si los medios de comunicación tienen interés, se les facilitará su contenido".

Incidente de nulidad contra el caso 'desaladora'

Asimismo, la Fiscalía ha pedido un incidente de nulidad contra el auto que se dictó por una sección de la Audiencia Provincial respecto al caso 'Desaladora' de presunta corrupción urbanística y que actualmente está en trámite. Este incidente está centrado en la posible vulneración de derechos fundamentales y, más concretamente, del derecho a la tutela judicial efectiva.

Cabe recordar que en el caso 'Desaladora' se investiga una presunta malversación multimillonaria de fondos públicos con la adquisición y explotación de la desaladora de Escombreras, y que se investigaba al ex consejero de Agricultura del Gobierno murciano, Antonio Cerdá, y a otras 11 personas. La Audiencia Provincial, en cambio, también dio por terminada su instrucción al haber vencido el plazo de 6 meses de la instrucción.

Si el incidente de nulidad se deniega, Díaz Manzanera ha anunciado que podría llevar aparejado intentar plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que anticipa que es "muy complicado". Con todo, ha señalado que "tratamos de agotar los procedimientos legales".

Arremete contra la falta de efectivos

Precisamente, Díaz Manzanera ha comenzado su intervención arremetiendo contra el "ya famoso artículo" 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pone plazos a la investigación de los delitos, y ha coincidido en que el los archivos de algunos procedimientos merecen ser calificados con términos como "vergüenza, ridículo o estupor".

Díaz Manzanera ha defendido la labor de la Justicia en la Región, que está siendo administrada por un grupo de profesionales "íntegros y honestos, altamente cualificados", entre los que ha incluido a fiscales, jueces, letrados y funcionarios.

Aunque considera "inaceptable" que los procedimientos judiciales se alarguen en el tiempo, el Fiscal Superior cree que "ese camino debe venir precedido de la dotación de los medios adecuados y que no se haga a cualquier precio, inclusive pudiéndose atentar contra el respeto de derechos fundamentales, como el de tutela judicial efectiva".

"Año tras año aumenta la carga de trabajo, pero no se ve reflejado en la consecución de esos medios personales y materiales", según Díaz Manzanera, quien ha aseverado que "si hay medios se puede plantear la exigencia de plazos para investigar, pero si no se dan esos medios no es de recibo que se impongan plazos, así de sencillo; yo me comprometo a que si nos dan los fiscales y los medios técnicos adecuados, esos plazos se cumplen seguro".

Concretamente, ha señalado que harían falta 15 fiscales más "simplemente por el aumento de incoaciones registrado en 2018 con respecto a 2017". Ha considerado que la resolución de esta situación depende "de todos", tanto de los profesionales de la justicia como de los medios de comunicación, de las fuerzas políticas, de los poderes legislativo y ejecutivo y de la sociedad.

A este respecto, ha recordado que en los últimos días ha presentado la Memoria de la Fiscalía tanto al delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, como el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, y este mismo jueves al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y todos ellos se han mostrado "completamente de acuerdo" con sus argumentos y dispuestos a interceder ante el Ministerio de Justicia.

Las denuncias contra la libertad sexual aumentan un 80%

En cuanto al contenido de la Memoria de la Fiscalía relativa al año 2018, a nivel general, las incoaciones ha aumentado un 22% en los procedimientos básicos, lo que implicaría la necesidad de tener "13,5 fiscales más" en una plantilla compuesta actualmente por 63 profesionales.

Díaz Manzanera ha llamado especialmente la atención sobre el incremento de las denuncias por delitos contra la libertad sexual, con un aumento del 79,4% con respecto al año anterior (al pasar de 591 a 1.060), lo que ha achacado a que "se ha denunciado mucho más" y a que "la digitalización de la Justicia hace más precisa la labor de registro".

"Este dato ha sorprendido a todos", señala Díaz Manzanera, quien ha indicado que en las agresiones sexuales se han incoado 423 procesos frente a 173 del año anterior, lo que representa un aumento del 144,5%. Díaz Manzanera ha desvinculado este dato al incremento de este tipo de delitos o a "posibles efectos llamada que hayan podido tener conductas delictivas de esta índole a nivel nacional, como la violación de la conocida como 'La Manada'".

En cuanto a los casos de violencia contra la mujer, ha destacado que en el partido judicial de Murcia se han obtenido 852 condenas con 252 sentencias absolutorias. Así, el porcentaje de absoluciones en contra de lo pedido por el Fiscal aumenta a un 22,8%, superior al resto de manifestaciones delictivas (12%), lo que quiere decir que más del 50% de las absoluciones son por retirada de la denuncia por parte de la víctima.

El problema, añade, son las víctimas que se niegan a ratificar la denuncia y que se consolida el criterio de la no exigencia de dominación machista de la Audiencia Provincial.

Propuestas de la Fiscalía

Por otra parte, la Fiscalía Superior de la Región ha propuesto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de permitir el acceso a los datos del uso del móvil durante la conducción en casos de accidentes de tráfico (tales como la hora de envío de mensajes o de las llamadas salientes y entrantes) con el fin de relacionarlos con posibles descuidos y que se pueda llevar a la vía penal como delito por imprudencia grave.

Y es que, actualmente, ha señalado que la Ley prevé el supuesto de que el juez autorice al acceso del móvil solo en delitos dolosos. A este respecto, señala que la conducción con descuido que produzca un resultado lesivo "como lesiones o muerte) es imprudente y no intencionada. En estos casos, acceder al terminal es imposible a no ser que el accidente se vea acompañado, por ejemplo, de la no prestación del deber de socorro, pero reconoce que es "muy difícil".

Finalmente, la Fiscalía también ha interesado que los patinetes eléctricos sean considerados como vehículos a motor o ciclomotor a efectos legales y los delitos por su conducción se lleven a la vía penal cuando los conductores vayan bebidos o drogados. Y es que su uso ha aumentado, se ha extendido frecuentemente a los menores de edad y se utiliza en aceras y lugares reservados a peatones.

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