14 de junio de 2019
14.06.2019
Judicial

Archivan el caso de la edil de Fortuna acusada de falsificar una firma

La concejala socialista Marisol Gracia fue acusada de rubricar un contrato de trabajo

14.06.2019 | 19:17
Marisol Gracia.

"No aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", considera la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Cieza, que ha archivado el caso de la concejala de Fortuna acusada de falsificar una firma.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, se detalla que el Ministerio Público también se mostró partidario del sobreseimiento del caso.

La concejala socialista del Ayuntamiento de Fortuna Marisol Gracia, estaba investigada por un presunto delito de falsedad documental tras la denuncia presentada por el primer teniente de alcalde de la misma corporación, Miguel Romero, expulsado de Ciudadanos tras entrar en el equipo de Gobierno municipal.

Cuando declaró en el Juzgado en abril de 2018, Marisol Gracia, a la que defiende el letrado murciano Raúl Pardo-Geijo Ruiz, admitió haber imitado la firma del Romero en una de las copias, debido a que este no se encontraba esos días en el Ayuntamiento y porque nadie le advirtió de que no debía hacerlo, pensando ella que como era también concejala nada lo impedía. No obstante, añadió, no se cometió ilegalidad alguna, porque el documento no llegó a entrar en el tráfico jurídico.

"La existencia de las falsedades documentales penalmente típicas, cuyo bien jurídico no es otro que la protección y la seguridad del tráfico jurídico, y, en último término, la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor probatorio de los documentos, es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos: un elemento objetivo o material (consistente en la mutación de la verdad por medio de alguna de las conductas tipificadas en la norma penal); que dicha 'mutatio veritatis' afecte a elementos esenciales del documento y tenga suficiente entidad para afectar a la normal eficacia del mismo en las relaciones jurídicas (de ahí que para parte de la doctrina no pueda apreciarse la existencia de falsedad documental cuando la finalidad perseguida por el agente sea inocua o carezca de toda potencialidad lesiva), y un elemento subjetivo, consistente en la concurrencia de un dolo falsario, esto es, la concurrencia de la conciencia y voluntad de alterar la realidad", se detalla en el auto.

Asimismo, "junto a los anteriores requisitos, es igualmente precisa la concurrencia de la antijuridicidad material, de tal modo que, para la existencia de la falsedad documental, no basta una conducta objetivamente típica, sino que es preciso también que la 'mutatio veritatis', en que materialmente consiste todo tipo de falsedad documental, varíe la esencia, la sustancia o la genuinidad del documento en sus extremos esenciales, por cuanto constituye presupuesto necesario de este tipo de delitos el daño real, o meramente potencial, en la vida del derecho a la que está destinado el documento, con cambio cierto de la eficacia que el mismo estaba llamado a cumplir en el tráfico jurídico", apostilla.

"Y la razón de ello no es otra que, junto a la 'mutatio veritatis' objetiva, la conducta típica debe afectar a los bienes o intereses a cuya protección están destinados los distintos tipos penales, esto es, al bien jurídico protegido por estos tipos penales, al que ya hemos hecho referencia anteriormente", destaca la jueza, que destaca que "de tal modo que deberá negarse la existencia del delito de falsedad documental cuando haya constancia de que tales intereses no han sufrido riesgo alguno". 

"Pues bien, tales intereses no se considera que hayan sufrido riesgo alguno con la práctica de la denunciada, pues tal y como indica el Ministerio Fiscal en su informe, en el que se adhiere a la petición de sobreseimiento interesada por la representación de Gracia, que el contrato en cuestión, fue prorrogado un mes antes de la comisión de los hechos, sin que además, se tenga constancia que el citado contrato fuera presentado para tener efectos en el trafico jurídico", manifiesta el auto.

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