13 de junio de 2019
13.06.2019
Judicial

La presunta cabecilla de la red que explotaba a mujeres en Jumilla, libre si paga 25.000 euros

La instrucción del caso prácticamente ha finalizado y el juez cree que la procesada ya no podrá destruir pruebas

13.06.2019 | 12:19
Un momento de uno de los registros dentro de la operación.

La presunta cabecilla de la red que explotaba sexualmente a mujeres extranjeras en Jumilla (y que fue desmantelada en 2017 por la Guardia Civil) será puesta en libertad si abona 25.000 euros. Así lo establece una sentencia de la Audiencia Provincial, que estima la petición de la sospechosa, que ha pasado 16 meses en prisión provisional.

La instrucción del caso prácticamente ha finalizado. Solamente falta el análisis, por parte de la Policía Judicial, de los teléfonos que fueron intervenidos a las personas acusadas. Dada esta circunstancia, la Audiencia considera que la mujer, aunque salga libre, ya no puede destruir pruebas.

Además de depositar los 25.000 euros, la procesada tendrá que comparecer en el juzgado cada quince días. Se le retirará el pasaporte y no podrá salir de España si no lo autoriza un juez.

La Guardia Civil, en el marco del 'Plan contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual', ponía en marcha la operación 'Estate', en la que se desarticulaba una organización dedicada a explotar sexualmente, en dos viviendas de la localidad de Jumilla, a mujeres de Guinea Ecuatorial y Nigeria.

En la operación se detuvo a tres mujeres como presuntas autoras de los delitos contra la integridad e indemnidad sexual, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y falsedad documental y contra la salud pública por tráfico de drogas.

La Benemérita tuvo conocimiento de que varias viviendas de Jumilla presuntamente se estaban utilizando como prostíbulos: funcionaban con total clandestinidad. Fruto de esta investigación, los agentes pudieron comprobar que en los mismos se ofrecían servicios sexuales de chicas y se vendían bebidas alcohólicas, tabaco y, en algunos casos, se distribuía marihuana a los clientes.

Las acusadas, entre ellas la presunta cabecilla, presuntamente se aprovechaban de la especial vulnerabilidad en la que se encontraban sus víctimas: carecían de documentación, pues no tenían papeles, y se veían obligadas a alquilar una habitación que debían pagar y en la que prestaban los servicios sexuales. Una de las mujeres libertadas tenía un bebé de pocos meses.

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