13 de junio de 2019
13.06.2019
Tribunales

El fiscal archiva una denuncia contra el alcalde de Fortuna por prevaricación

La enmienda presentada por el Grupo Popular pretendía declarar la indisponibilidad de los créditos a los que se refería la propuesta, según la resolución

12.06.2019 | 21:41
José Enrique Gil

No hay delito. El Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha archivado una denuncia contra el alcalde en funciones de Fortuna, José Enrique Gil (PSOE), por un presunto delito de prevaricación cometido durante un Pleno en mayo del año pasado. La denuncia, presentada por el concejal no adscrito Miguel Romero, estuvo motivada por la acusación al primer edil de impedir la votación de una enmienda presentada por el Partido Popular contra uno de los puntos del día, referido a un expediente de modificación de créditos que trataba de sobrepasar el bloqueo de la oposición en el Pleno, al no sumar mayoría de concejales el PSOE, y aprobar determinados gastos en el municipio que el alcalde consideraba «inaplazables», según refleja la resolución a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN.

Para evitar ese bloqueo, Gil decidió emplear el mecanismo de la cuestión de confianza en referencia a dicho expediente en el caso de que este no fuera aprobado por el Pleno.

La enmienda presentada por el Grupo Popular pretendía declarar la indisponibilidad de los créditos a los que se refería la propuesta del alcalde, según la resolución. La votación de esta enmienda fue inadmitida por Gil, pese a que contaba con el visto bueno del Secretario del Ayuntamiento, argumentando que suponía «un fraude de ley en la medida en que iba exclusivamente dirigida a impedir su gestión municipal, y entendía que lo razonable sería en su caso aprobar o rechazar la propuesta, o que la oposición propusiera qué inversiones se consideraban más necesarias o urgentes», señala el fiscal en su escrito. Finalmente, la oposición se abstuvo en la votación y quedó aprobado el expediente.

El concejal Romero, quien denunció al alcalde, consideraba que este le había privado de su derecho como edil de poder pronunciarse con su voto sobre una enmienda, y que esta conducta podía ser constitutiva de delito.

Díaz Manzanera concluye señalando que «no existen suficientes indicios de que la actuación del denunciado estuviera dirigida a impedir el ejercicio de los concejales de la oposición, quienes pudieron participar en la votación propuesta presentada por el alcalde», por lo que archiva las diligencias de investigación.

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