El Ministerio Fiscal pide cinco años de prisión para el que fuera arquitecto municipal en Puerto Lumbreras en 2005. El arquitecto está, junto con la que fuera arquitecta asesora externa, acusado de consentir la concesión de licencias para ocho viviendas y cuatro almacenes, cuando en realidad eran 12 viviendas.
Concretamente, la arquitecta fue contratada como asesora externa por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en virtud de sucesivos contratos administrativos de consultoría y asistencia técnica para la redacción del Plan General y prestaba funciones de asesoramiento en las Juntas de Gobierno Local.
Además emitía informes técnicos en licencias de obras de apertura a lo largo de 2003 y 2006, según se desprende del escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal.
Los acusados, según el fiscal, "consintieron por acción y omisión, y a sabiendas de su ilegalidad, la concesión de licencia para construir ocho viviendas, local, sótano para garaje y cuatro almacenes bajo cubierta para la instalación de maquinaria de climatización, que en realidad encubría otras 4 viviendas y suponía una planta más, en un suelo calificado en parte como Espacio Libre y Zona verde en las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigente que imposibilitaba tal licencia", pudiendo haber quedado fuera de ordenación "si la Consejería de Obras Públicas no hubiese aceptado las modificaciones aprobadas provisionalmente por el Ayuntamiento" de Puerto Lumbreras.
Sobre la licencia, el fiscal expone que el arquitecto acusado informó favorablemente "pese a saber que tal licencia era de imposible concesión" en julio de 2005 y la acusada, que era la encargada de dar el visto bueno a los informes del arquitecto técnico, asistió a la Junta de Gobierno donde se aprobó la concesión de licencia, "silenciando intencionadamente una cuestión de fácil observancia para la arquitecta como comprobar que la edificación se asienta en un suelo donde no se podía edificar con el planeamiento vigente".
El fiscal pide así la pena de cinco años, seis años de inhabilitación y 12 meses de multa a razón de 20 euros de cuota diaria para el que fuera arquitecto municipal en la fecha de los hechos y para la arquitecta asesora externa la pena una multa de 15 meses a razón de diez euros de cuota diaria y ocho años de inhabilitación.
La primera de las cuatro sesiones del juicio dará comienzo el próximo miércoles, 22 de mayo, en la Audiencia Provincial Segunda de Murcia.
