25 de abril de 2019
25.04.2019
La Opinión de Murcia
Tribunales

Rechazan la querella por estafa contra los dueños de La Verja

Los trabajadores que fueron despedidos al cesar el negocio de la empresa estudian nuevas movilizaciones y llevar el caso al Supremo pese a que el juzgado de instrucción asegura "que ha prescrito"

24.04.2019 | 20:48
Protesta de los trabajadores de La Verja en la puerta de la empresa, que luego fue derruida.

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso que 35 trabajadores de la empresa conservera La Verja, de Cehegín, plantearon contra el auto de un juzgado de instrucción que no admitió a trámite la querella que presentaron contra sus propietarios por un presunto delito de estafa al considerar que el mismo había prescrito. En el auto de la Audiencia se acusaba a los querellados de un delito societario y de alzamiento de bienes. El tribunal, que tiene como ponente al magistrado Álvaro Castaño-Penalva, dice al desestimar el recurso coincidiendo con el juez, que los hechos habían prescrito cuando se presentó la querella.

Aunque las fuerzas anímicas no les fallan, tienen cuerda para rato, los trabajadores reconocen que las fuerzas monetarias empiezan a flaquear. Los trabajadores mantendrán la próxima semana una reunión para ver si presentan recurso en el Supremo. Ricardo Martínez fue trabajador de La Verja durante más de 30 años y explica a este Redacción que «un procedimiento de este tipo ya es caro e intentar realizar un recurso ante el Supremo sabemos que será aún más caro».

Durante dicho encuentro estudiarán si realizan alguna movilización frente a las instalaciones de Licor 43, última propietaria de la empresa de zumos.

El juzgado de instrucción de Murcia al que correspondió la querella no la admitió a trámite al señalar que la misma fue presentada cuando ya habían transcurrido más de diez años desde el momento en que los miembros del consejo de administración realizaron las operaciones que les impedían cobrar las deudas que la conservera tenía con los querellantes.

Esas operaciones, realizadas en julio de 2006, habían consistido en realizar unos negocios jurídicos de compraventa de participaciones sociales y dación en pago, «a través de los cuales dejaron en situación de insolvencia a la sociedad y evitaron la aplicación de las acciones de reintegro», al disponer del principal activo de la compañía, los terrenos. Para los querellantes, «el concurso fue el medio utilizado para, por una parte, pretender dotar de una apariencia jurídica de estar actuando conforme a derecho en el plano formal y, por otra, extinguir las relaciones laborales con los apelantes».

Así, consiguieron que resultara inviable el resarcimiento de sus deudas por la distracción del principal activo con el que contaba la empresa, que eran los terrenos sobre los que se levantaba la fábrica. De los delitos atribuidos, «el castigado con una pena mayor, de 10 años, era el de estafa, y como los actos de disposición sobre los terrenos fueron aprobados en julio de 2006, cuando los querellantes acudieron a la vía judicial, en octubre de 2018, había transcurrido con exceso el plazo de diez años», por lo que ha prescrito.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook