Carece de evaluación de impacto ambiental y se va a construir en terrenos que tienen declarados siete hábitats de interés comunitario por la importancia de su flora y fauna. Por ello, Ecologistas en Acción no va a dudar en llevar el proyecto urbanístico de la Playa de la Cola de Águilas al Contencioso-Administrativo.

La nueva iniciativa urbanística de esta playa, presentada oficialmente a finales del mes pasado en Águilas, contempla la construcción de 2.313 viviendas turísticas, con una inversión que ascenderá a unos 307 millones de euros y un plazo de ejecución de diez años.

Es un proyecto que estaba pensado ejecutarse hace años, pero la crisis económica lo puso 'en espera'. Hasta el momento, la iniciativa, que cuenta con el respaldo del Gobierno municipal socialista, ha sido rechazada por grupos ecologistas y por Podemos, que ha presentado alegaciones en contra.

Ecologistas en Acción, en el texto de alegaciones presentado en el Ayuntamiento, subraya que el proyecto tiene la obligación de realizar la evaluación ambiental, tal y como sentenció en octubre del año pasado la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, fallo que ya sienta doctrina jurisprudencial, y que hace referencia a la Ley 21/2013. ''Sin este estudio, el proyecto no puede hacerse'', puntualizan los ecologistas, que insisten en que «la falta de evaluación ambiental constituye causa de nulidad de pleno derecho, debido a la esencial transcendencia y sustantividad de dicho trámite medioambiental».

Y añaden que ''de aprobarse la modificación del plan parcial sin someterse a evaluación ambiental, Ecologistas en Acción acudirá a los tribunales para su anulación, en base a la doctrina jurisprudencial expuesta''. Esta organización también critica la ''deficiente información pública'' del proyecto, puesto que no se ha llevado a cabo la publicidad telemática a la que le obliga la legislación vigente.

Y advierte que se ha infringido el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, puesto que ''la disponibilidad de recursos hídricos está informada en sentido favorable por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, no por el organismo de cuenca competente para ello, es decir, la Confederación Hidrográfica del Segura''.

Además de las alegaciones mencionadas, Ecologistas en Acción detalla los efectos que sobre la flora, fauna y hábitats de estos terrenos va a tener la urbanización. Las 120 hectáreas elegidas conforman un paisaje árido estepario, indican, que ''a pesar de su aparente imagen de esterilidad, comprenden importantes valores ecológicos, asociados a una biodiversidad original en el contexto europeo y mediterráneo, por su perfil netamente iberoafricano''.

Los ecologistas describen 7 hábitats de interés comunitario en la zona: acantilados con vegetación de 'limonium' endémicos, matorrales halo-nitróficos, matorrales de 'ziziphus' y/o periploca, y galerías y matorrales ribereños termomediterráneos ('Nerio-Tamaricetea'). Todos ellos que están deficientemente protegidos en la Red Natura 2000.

''La actuación urbanística propuesta, incluso en la alternativa que consume directamente un menor espacio físico, tal y como señala el informe emitido por la Dirección General del Medio Natural, supondrá la alteración sustancial de entre el 85 y el 50% de estos hábitats'', apuntan. En total, son once especies vegetales catalogadas como amenazadas las que están presentes en la zona a urbanizar ''y pueden llegar fácilmente a miles de ejemplares''.

En las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción también se explica que en el área del proyecto urbanístico hay registradas 54 especies, como la tortuga mora, de las cuales 45 tienen una relación directa con ese medio rural: ''Son residentes, estivales o invernales no ocasionales». La fauna más netamente iberoafricana es el alzacola (especie vulnerable), el camachuelo trompetero (que se reproduce en la zona) y la tortuga mora. «Aunque sin despreciar a otras singulares y esteparias como la curruca tomillera o la collalba negra'', añade el escrito.

Por lo que respecta a la tortuga mora, Ecologistas en Acción subraya que su población es de unos 250 ejemplares por km2 y que la urbanización ''supondrá la pérdida de parte del hábitat'' de este animal. Además considera que puede afectar, ''por aislamiento'', a los ejemplares presentes en el corredor ecológico 51 (el que se establece para conectar Cabo Cope con el sistema de sierras situado más al interior).