Miércoles 3 de enero de 2001. Catorce personas viajan pasadas las ocho de la mañana en una furgoneta cuya máxima capacidad es para ocho personas. Iban a trabajar en fincas agrícolas, a pesar de que eran 'ilegales', ya que no tenían permiso de trabajo. El vehículo va sin luces atravesando caminos rurales para no ser 'cazados' por la Guardia Civil. A su llegada al paso a nivel sin barreras de la pedanía lorquina de La Torrecilla, un tren de cercanías pasa y se lleva a la furgoneta por delante.

Doce personas, todas de nacionalidad ecuatoriana, fallecen. Sólo sobreviven el chófer y una menor de 13 años, también ecuatoriana. Más allá del trágico suceso que dejó helada a toda la población ya no sólo de Lorca, sino de toda la Región de Murcia y de España, se descubrió la situación laboral que día tras día miles de personas tenían. Su trabajo era clandestino, cobraban diez pesetas (seis céntimos) por cada kilo de brócoli que recogían en el campo. Una auténtica miseria que entonces pagaba la empresa a estos trabajadores de origen ecuatoriano, desesperados, que venían a España a buscarse la vida, por muy poca compensación económica que recibieran.

Juan Bastidas, cónsul honorario de Ecuador en la Región en aquel entonces, le tocó asumir todas las gestiones «en algo en lo que alguien nunca está experimentado». «Cuando yo entré en el Consulado de Ecuador había 800 ecuatorianos en la Región, a los seis meses me encontré con 8.000, y al año con 30.000... y así progresivamente hasta llegar a la cifra de 120.000». ¿Por qué se produjo este movimiento inmigratorio en España en apenas un par de años? El país ecuatoriano comenzó a entrar en crisis entre 1996 y 1998. La moneda ecuatoriana sufrió una depreciación, el gobierno congeló las cuentas bancarias para que los habitantes no sacaran todos sus ahorros para comprar dólares, ya que pasaron de equivaler 4.000 sucres a 25.000 cada uno. El chófer de la furgoneta, que actuaba como figura de lo que por aquel entonces se llamaba 'enganche' (actuando de intermediario entre los propios trabajadores explotados y el empresario de turno), cobraba los trayectos a los 'pasajeros' hacinados en su vehículo.

Cuantas más personas viajaban, más beneficio. Una rápida y cómoda manera de conseguir 'dinero fácil'. Así, en los primeros años del nuevo milenio cientos de furgonetas viajaban día a día por caminos 'de segunda' con más carga de personas de lo permitido. Hasta que se descubrió el pastel con el trágico suceso ocurrido en La Torrecilla.

Tras el fatal desenlace, los cuerpos quedaron esparcidos por el camino, y como consecuencia del choque con la furgoneta, el tren llegó a descarrilar. La imagen cuando llegaron los primeros sanitarios, fotógrafos y periodistas era de auténtica pesadilla. Meses después tocaba ajustar cuentas con los familiares de las víctimas.

Las indemnizaciones a los parientes más directos de los doce fallecidos ascendían a unos 275 millones de pesetas (más de 1,6 millones de euros), cuyo importe lo pagó la compañía del seguro del vehículo en el que viajaban las víctimas. En total, 46 parientes tenían que recibir su respectiva indemnización, aunque a día de hoy todavía queda una por cobrar, ya que las compensaciones a los hijos menores de los fallecidos serían ingresadas en cuentas bloqueadas hasta que fueran mayores de edad, cuando ya podían recibirlas. Este año ya cumple la mayoría de edad el último familiar que quedaba pendiente que recibiera dicha compensación, según aseguró Bastidas.

«Por suerte, desde el principio, personas como el fiscal José Martínez Blanco nos ayudaron en las primeras fases de las gestiones para que no hubiese ningún prejuicio o dilatación a la hora de recibir las indemnizaciones. Se consiguió que la compañía del seguro garantizara el pago sin juicio. Eso fue un avance muy importante, junto al de lograr que en una semana estuvieran los féretros de los doce fallecidos en Ecuador. El Gobierno español y regional nos ayudaron muchísimo en ese proceso tan doloroso para todos». El suceso fue muy impactante y dramático, ya que dio un vuelco a nivel internacional, porque se hicieron incluso manifestaciones contra la Ley de Extranjería que había entonces, así como distintas marchas nocturnas, como la que se produjo desde Lorca a Murcia el 11 de enero de 2001. El cónsul honorario de Ecuador admite que «la compañía de seguros de la furgoneta se portó muy bien» y que « España estuvo un gesto muy humanitario con los inmigrantes fallecidos». «Incluso la compañía Iberia realizó el traslado en avión de los cuerpos hasta Ecuador de forma gratuita», recuerda Bastidas.

Al conocer el 'modus operandi' y la manera en la que los fallecidos iban todos los días a trabajar, de un modo tan precario y cobrando una miseria,hubo un antes y un después. El 23 de enero, apenas 20 días después de los hechos, entraría en vigor la nueva Ley de Extranjería, que amenazaba con echar de España a miles de inmigrantes que vivían irregularmente en el país o sin permiso para trabajar.

Dicha ley contemplaba también la retirada de derechos para los 'sin papeles'. Centenares de personas inmigrantes que vivían de forma ilegal en España comenzaban en los días posteriores al suceso en La Torrecilla a movilizarse para pedir la regularización de todos estos extranjeros que llegaban a nuestro país.

El epicentro del 'cambio' a nivel nacional fue en la Región Murcia, concretamente también en Lorca. Un centenar de inmigrantes de origen ecuatoriano, magrebí y subsahariano iniciaban el 14 de enero un encierro indefinido en el salón parroquial de la iglesia de San Mateo de Lorca para exigir su regularización y para protestar por la propuesta del Gobierno de devolver a los extranjeros a su país para, desde allí, normalizar su situación en España con una oferta de trabajo.

Conscientes de que ellos mismos eran los que principalmente realizaban las labores de recogida de productos en los campos de Murcia, donde la agricultura era y sigue siendo un factor tan importante para la economía regional, aprovecharon para exigir que se les reconociera unos derechos mínimos como personas y trabajadores.

Ecuatorianos de toda España se solidarizaron con los encerrados en Lorca e incluso viajaron desde otros puntos de la geografía española hasta la Ciudad del Sol para apoyar la causa. Así, las manifestaciones, encierros y huelgas de hambre se extendieron en los sucesivos días a prácticamente todas las ciudades de España: Barcelona, Madrid, Valencia, Almería, Huelva y Melilla, entre otras, en forma de reacción en cadena. Las pancartas 'No somos ilegales, somos personas', entre otras, salían a las calles de las principales ciudades españolas. El sindicato de Comisiones Obreras en la Región demandó la regularización de hasta 20.000 inmigrantes que a principios de 2001 vivían en la Región.

Los empresarios incluso también apostaron por pedir al Gobierno de Aznar que facilitara el reclutamiento de los extranjeros 'sin papeles' que actualmente residían en Murcia, así como diversas ONG's o la propia iglesia.

Con el apoyo de todas estas instituciones y asociaciones, el Gobierno de España tuvo que recurrir a un proceso extraordinario de regularización, mediante el cual, en el caso de Murcia, unos 20.000 inmigrantes de la Región consiguieron quedarse viviendo de forma legal. La Asociación 'Pro Derechos Humanos de Murcia' declaró tres años después que, a raíz del accidente de Lorca, existió un gran apoyo social para la idea de que los inmigrantes que estaban en ese momento en suelo español, se quedaran: «El accidente de los doce muertos pesaba como una losa en la conciencia de muchos españoles».