La empresa de la cantera de Arimesa asegura que el contencioso con el Ayuntamiento de Santomera se mantiene «porque los tribunales sólo avalan la denegación de la suspensión cautelar de la orden de cierre, a la espera de la concesión por parte del Ayuntamiento de la cédula de compatibilidad urbanística,que debería estar ya otorgada».

Las 56 familias afectadas «continúan sufriendo el paro por el cierre a la espera de que el Ayuntamiento socialista cumpla con su obligación, ya que todas las instancias administrativas han dado los permisos necesarios a excepción del trámite administrativo obligatorio del Consistorio santomerano, que castiga a los empleados sin razón alguna», explican desde la compañía. «La autorización para la legalización de la actividad de Arimesa ha superado todos los trámites administrativos autonómicos, incluidos los ambientales más exigentes, habiendo aportado informes de todo tipo sobre las posibles y teóricas afecciones de la actividad, y habiendo sido consultados todos los organismos con competencia en la materia, incluidos departamentos de otras comunidades», añaden.

Este fallo nos reafirma en que este Ayuntamiento lo único que ha hecho es cumplir estrictamente con la ley», respondieron la alcaldesa, Inma Sánchez Roca, y el concejal de Urbanismo, Joaquín Rubio, contra quienes Arimesa interpuso una querella por un presunto delito de prevaricación que también fue archivada, sin que siquiera tuvieran que llegar a declarar.