La empresa adjudicataria del proyecto de construcción del nuevo Palacio de Justicia de Lorca, Construcciones San José SA, considera que habría que demoler la fachada que da a la calle Selgas y que está protegida por andamios desde hace más de dos décadas. Para el alcalde, Fulgencio Gil, la propuesta supone «un atentado al patrimonio si bien el vigente plan especial de la zona y el futuro Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Casco, establece para el solar donde se va a llevar a cabo la obra, un grado de protección 3 que obliga a conservar la fachada».

El plan especial que se aprobó para poder edificar la nueva sede judicial fue objeto del pertinente informe por parte de la dirección general de Cultura que es «preceptivo y vinculante». En este sentido, el alcalde piensa estar presente en la reunión que próximamente se va a celebrar en la dirección general de Bienes Culturales donde se tratará este asunto «con el fin de tomar el pulso a la situación». Según Gil, «la empresa considera que se debe demoler la fachada lo que sería un atentado al patrimonio de Lorca» y recuerda que «durante 30 años hemos estado manteniendo económicamente con fondos propios la fachada y ahora la empresa se la quiere cargar cuando en el proyecto se define la recuperación y mantenimiento de la misma, algo que no entiendo».

Ante el proceso de paralización en el que continúa el proyecto, el alcalde asegura que «voy a exigir al Ministerio de Justicia que busque una solución al problema desde el punto de vista jurídico para que, cuanto antes, se reanude el proyecto que resulta vital para el desarrollo del casco histórico y se ponga en marcha cuanto antes». Otro de los inconvenientes que pone la empresa, a parte de la fachada, según Gil, es que «el terreno sobre el que se va a llevar a cabo la construcción no reúne las condiciones adecuadas». El primer edil muestra su extrañeza porque «la empresa conocía el proyecto y licitó sabiendo lo que había», por lo que no entiende que ahora surjan estos inconvenientes.

Las obras, con un plazo de ejecución de 24 meses, estaba previsto que comenzaran el pasado mes de mayo. Desde entonces, «la obra sigue paralizada sine die». El edificio ocupará una manzana de unos 2.000 metros cuadrados delimitada por las calles Selgas, Galdo, Paradores y Palmera de Uceta, a escasos metros del Ayuntamiento, la plaza de España y la excolegiata de San Patricio. El nuevo edificio contará con una superficie construida de más de 10.000 metros cuadrados y albergará los 9 organismos judiciales existentes actualmente en la ciudad con la previsión de una posible ampliación.