10 de noviembre de 2018
10.11.2018
Lorca

La devolución de las ayudas por los terremotos ya están prescritas

Un informe de la Abogacía del Estado fija en cuatro años el período máximo para que las Administraciones soliciten el reintegro, por lo que da la razón a la reivindicación de los afectados

09.11.2018 | 21:24
Afectados por la devolución de la ayudas en una de las asambleas que han realizado.

La Plataforma de Afectados por la Devolución de Ayudas tras los terremotos de 2011 en Lorca se congratulan de que la Abogacía General del Estado les haya dado la razón en cuanto a las prescripciones de dichas ayudas y piden que la Comunidad Autónoma determine ahora, de oficio, los expedientes que han prescrito. El Ayuntamiento hace lo mismo y valora de forma positiva que la Abogacía General del estado coincida con su criterio sobre la prescripción del plazo para la justificación de dichas ayudas, que estaría fijado en cuatro años.

El informe, según la coordinadora de la citada plataforma, Gloria Martín, determina que «una vez transcurridos seis meses desde la finalización de las obras comienzan a contar los cuatro años para la prescripción». La comprobación del transcurso de dicho plazo, según Martín, «pasa necesariamente por el análisis de cada expediente, que deberá tener en cuenta la fecha de finalización de las obras».

Por el contrario y hasta el momento, «la Comunidad Autónoma aplica un plazo general de un año completo, más los seis meses de justificación y , después, los cuatro años para la prescripción». El cómputo de la Comunidad Autónoma, añade Martín, «no tiene en cuenta, por ejemplo, la situación de los afectados que realizaron las obras antes de la concesión de la ayuda, un supuesto que sí está previsto en los decretos que regulan las subvenciones». La Abogacía del Estado establece así los mismos criterios defendidos por la plataforma, por juristas de reconocido prestigio consultados por ésta y también por los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento de Lorca.

Respecto a la reclamación de la parte estatal de los intereses de demora, Martín le explicó al delegado del gobierno durante la reunión del jueves que algunos vecinos tienen ya providencias de apremio que advierten de un próximo embargo por esa cuestión. Conesa recordó que es a la Comunidad Autónoma la administración que se encarga de la tramitación de las ayudas y que «el Estado no ha dado instrucciones de que se le exija nada a los afectados». La portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento, Fátima Mínguez, dice que el informe de la Abogacía, no obstante, «hay que acogerlo con cautela, responsabilidad y prudencia, dado que deberán ser finalmente los servicios jurídicos de la Comunidad los que tengan la última palabra».

Desde el Consistorio también se considera que, en varios casos, «existe ausencia de motivación de la justificación de las ayudas recibidas, lo que supondría la nulidad de los procedimientos iniciados por indefensión de los ciudadanos ante la vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima que debe presidir las relaciones entre las administraciones».

El Consejo Jurídico coincide

El Ayuntamiento remitió el pasado mes de julio una consulta al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en cuyos términos coincide con la opinión de la Abogacía del Estado, según la edil. El documento ha sido puesto a disposición de los interesados por parte del consistorio en la concejalía del Terremoto «con la cautela de que dicha opinión no es vinculante».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Diego José Mateos, considera que de aplicarse el informe de la Abogacía del Estado por parte de la Comunidad Autónoma, «se podrían considerar prescritos la mayoría de los expedientes abiertos para la devolución de las ayudas». De forma paralela ha informado que esta interpretación supondría también el archivo de los intereses, tanto de la parte autonómica como de la estatal ya que «si prescribe la deuda principal prescriben los intereses».

La Consejería no tiene el informe

Por otra parte, el Gobierno regional ha destacado que se atenderá uno a uno los expedientes de los vecinos de Lorca que recibieron ayudas para reparar sus viviendas tras los terremotos y se determinará la caducidad de los mismos. La secretaria general de la Consejería de Fomento, Yolanda Muñoz, afirma que el Gobierno Regional «no ha recibido hasta el momento ningún informe remitido por parte de la delegación del Gobierno o instancia alguna del Estado».

Señala que primero tendrán que recibirlo para poder proceder después al análisis del mismo y valorarlo. Califica de deslealtad institucional lo ocurrido y recuerda que ha sido, precisamente, el Gobierno Regional el que ha gestionado los 16.000 expedientes que han generado los terremotos de 2011 en Lorca con sus correspondientes recursos y expedientes de justificación.

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