O pagan el alquiler que deben antes del 29 de noviembre o Francisco Javier, Valeria y sus tres hijos tienen que abandonar su casa e irse a la calle. Es la encrucijada en la que se encuentra esta familia de Cieza, cuyos progenitores se han quedado sin empleo. Le deben ya a su casero, al que dicen que entienden y comprenden, más de 1.000 euros de varios meses de alquiler. Y lo peor es que no tienen dónde ir.
El marido dejó de trabajar hace dos meses, después de concluir la temporada de recolección de fruta, y la mujer solo percibe 430 euros de la ayuda familiar, que es con lo que actualmente se sustentan. Ese dinero no les da para pagar el alquiler del segundo piso del bloque de viviendas en el que viven, situado en el barrio de San José Obrero. Han sido los profesores de los tres pequeños, de 6, 4 y 3 años, los que han animado a estos padres a pedir ayuda y después de que el Ayuntamiento de Cieza les pegara un portazo. «Fui a hablar con el alcalde, Pascual Lucas, me recibió en su despacho, pero me dijo que no podía hacer nada», cuenta Francisco Javier Cano.
«También fuimos mi compañera y yo a Servicios Sociales y allí nos dijeron que tampoco podían ayudarnos y que lo que debemos hacer es ir a una inmobiliaria a intentar alquilar otra casa», explica el joven, quien además dice no entender «por qué en un pueblo declarado 'Libre de desahucios', no se ampara a personas que nos encontramos en esta situación».
Y no le falta razón al joven Francisco Javier Cano, ya que por unanimidad de todos los grupos políticos, el pleno del Ayuntamiento declaró al municipio libre de desahucios, comprometiéndose a emprender cuantas medidas sean necesarias con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional. El Pleno consideró además que los suministros de agua, de energía eléctrica y de gas son bienes básicos que deben ser garantizados para todas las familias, por lo que, en consecuencia, «la Corporación municipal establecerá la normativa que garantice que las familias en riesgo de exclusión social dispongan de dichos suministros mínimos».
El texto aprobado incluyó un total de 16 puntos en los que se aseguraba que «se crearía un banco de viviendas público y otro privado, así como dirigirse a las entidades bancarias que operan en el municipio para que paralizaran las órdenes de desahucio en curso y en los casos en que no se pudiera impedir, el Ayuntamiento se comprometía a propiciar el realojo provisional en una vivienda de su titularidad, de sus entes instrumentales o privada bajo un régimen de alquiler social».
Por otra parte, el sacerdote Joaquín Sánchez, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Región de Murcia (PAH), dijo ayer que desconocía la situación en la que se encuentra esta familia ciezana, al tiempo que manifestó su disposición a intentar ayudarles, por lo que tenía la intención de contactar con el cabeza de familia en las próximas horas.
«Vamos a estudiar la situación»
El alcalde de la localidad, el socialista Pascual Lucas, indicó también ayer a esta Redacción que el Consistorio va a estudiar las posibilidades que tienen estos jóvenes. Además, el regidor dijo que ha solicitado a la Comunidad Autónoma la cesión de varias casas de su propiedad, que están vacías, y que se intentarán alquilar a bajo coste.
LA OPINIÓN también contactó con la concejala de Servicios Sociales, Cristina García Vaso, quien aseguró que cuando se trata de alquileres entre particulares «el Ayuntamiento y la Concejalía de Bienestar Social no interviene». La edil aseguró que no conocía bien el caso pero que, no obstante, «habrá que estudiarlo pormenorizadamente para dilucidar si existe alguna posibilidad de ayuda para estas personas».
