Después de una semana de encierro en el Ayuntamiento, los afectados por la devolución de ayudas y embargos a raíz de los terremotos de 2011 decidieron ayer suspender el encierro tras la firma de un documento en el que el Gobierno Regional se compromete, entre otras cosas, a paralizar todos los embargos que han sido notificados y a que en un plazo de cinco meses queden resueltas las memorias justificativas correspondientes a los gastos de reparación de viviendas de cada afectado, con la ayuda de los técnicos que van a poner a sus disposición las administraciones local y autonómica. El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras; el alcalde del municipio, Fulgencio Gil, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, fueron testigos del acuerdo.

Los afectados, reunidos en asamblea, mostraron de manera unánime su conformidad al documento firmado por el consejero, en el que se recogen los compromisos adoptados, así como el calendario de cumplimiento. Antes de cinco meses, el Gobierno Regional dará conformidad a todos los expedientes que hayan presentado la cuenta justificativa que estable la Ley 8/2018, aprobada el pasado mes de julio en la Asamblea Regional, como medio para poder justificar el empleo de las ayudas en las obras de reparación de las viviendas siniestradas.

Para ello, el Gobierno Regional y el Ayuntamiento incrementarán de manera inmediata los recursos humanos necesarios para concluir los procedimientos de justificación de las ayudas, explica la portavoz de la Plataforma de Afectados, Gloria Martín.

Por su parte, la Agencia Tributaria ya ha retirado las providencias de apremio a los expedientes a los que les son de aplicación lo previsto en la citada ley y que se encontraban amenazados de embargo inminente. Según Martín, «se va a resolver también la problemática que afecta a los vecinos que percibieron tanto la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros como ayuda pública». La ley establece que ambos conceptos son compatibles, siempre que la suma de ambas cantidades, no exceda del coste real de las obras.

Inspección técnica municipal

Sobre las prescripciones , los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma van a poder establecer su criterio, que según Martín, «hemos pedido que sea el que, atendiendo a la ley, resulte más beneficioso para el administrado». Los afectados que aún no lo hayan hecho, deberán solicitar una inspección técnica municipal que acredite que emplearon el dinero de las ayudas en la rehabilitación de sus viviendas. Para tramitar toda la documentación los afectados pueden dirigirse a la Oficina del Terremoto y al despacho de Izquierda Unida-Verdes, donde este grupo ha redactado más de 1.500 alegaciones, recursos de reposición y memorias.

Los afectados dicen que van a dar un voto de confianza a la administración, pero que estarán atentos para que lo acordado se cumpla. Martín explica que «queríamos que acabara ya este drama, ahora hace falta que se cumpla con la plabra dada» y recuerda que «retomaremos de nuevo las medidas de presión si se rompe el acuerdo».