Los encerrados en el Ayuntamiento de Lorca, afectados por la devolución de ayudas y embargos a raíz de los terremotos de 2011, han comenzado a recibir adhesiones a su iniciativa y anuncian que no depondrán en su actitud hasta que se cumplan las promesas realizadas, nuevamente, por el consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, quien aseguró que el Gobierno Regional va a propiciar que se paralicen los embargos. Afirman que no abandonarán el encierro hasta que no reciban por escrito el compromiso del archivo de sus expedientes, casi 8 años después de los seísmos. Además del alcalde , Fulgencio Gil, y el equipo de gobierno del PP, les apoyan el resto de grupos políticos, asociaciones y colectivos sociales del municipio.

Gil, que ayer ofreció un desayuno a los afectados, confía en que la situación terminará cuando vean que se cumplen las promesas. Gil recuerda que la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma «se ha tenido que enfrentar a una situación sin precedentes donde ha habido que tramitar más de 16.000 expedientes de los que se han producido 7 embargos», reconociendo el sufrimiento de las familias que lo han experimentado. Según Gil, «la ley 8/2018, aprobada en la Asamblea Regional en julio, nos proporciona el cauce para el archivo de los expedientes para poder justificar de forma simple y sencilla las ayudas recibidas».

Los encerrados recibieron ayer la visita del secretario general de Podemos, Óscar Urrálburu que también respalda la decisión que han tomado los vecinos.

La diputada del PSOE en la Asamblea Regional Isabel Casalduero y el portavoz del grupo municipal, Diego José Mateos, califican de «inaceptable lo que está ocurriendo» y culpan al Gobierno regional de continuar con «el calvario» que después de 8 años siguen sufriendo. Mateos dice que «achacar ahora la situación a errores informáticos, como dijo el consejero, es intentar tomar el pelo a los afectados».

Desde Ciudadanos, Miguel Sánchez afirma que «el Gobierno regional ha creado un problema con las ayudas de Lorca cuando contaba con toda una ley para evitarlo». La formación naranja lamenta que el ejecutivo se olvidara de la normativa aprobada en julio por la Asamblea Regional que facilitaba la justificación de las ayudas a los damnificados por los terremotos.

Y mientras tanto los afectados insisten en que llevan aguantando una situación que ya resulta insoportable. Encarnación Guijarro señala que «llevamos 8 años de sufrimiento por una catástrofe que rompió nuestras casas y nuestras vidas». Según esta vecina, lo que queremos es que mediante la ley que se ha aprobado se cierren los expedientes y «que se acabe con el sufrimiento de las personas».