No se entendieron o no gustaron las palabras del presidente López Miras con respecto al «tutelaje y asesoramiento» por parte de la Comunidad Autónoma ante la compra de Conservas Fernández por sus propios trabajadores.

El asesor jurídico de Conservas Fernández, Antonio Huertas, mostró su malestar en su cuenta de Facebook explicando que las palabras del presidente del ejecutivo regional han generado «estupor y malestar entre la plantilla».

Sobre el futuro de Conservas Fernández, Huertas ha pedido a la comunidad que «el proyecto que inician los extrabajadores debe de contar con las ayudas necesarias para que sea un elemento generador de riqueza en la Región de Murcia».

Huertas recordó que el INFO avaló en el año 2009 con 28 millones de euros la adquisición de Halcón Food y Conservas Fernández por parte de Mediterra, empresa del grupo Cofrusa, sus «'tutelas' sirvieron para que ambas empresas estén cerradas, cientos de valientes trabajadores en la calle y los 28 millones de euros desaparecidos» matizó el asesor financiero.

También puso de manifiesto que «el cierre de Conservas Fernández se produjo a través de un ERE que contaba con su oposición y la de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que, pese a ello, fue aprobado por la Dirección General de Trabajo, siendo posteriormente anulado por los tribunales».

Lealtad desde el principio

En declaraciones a esta redacción, el consejero de Empresa, Javier Celdrán, puso de manifiesto que «es injusto decir que la Administración es el problema y que no hemos hecho nada». Sobre el aval que concedió el INFO el responsable de la cartera de Empresa recordó que «la concesión del aval fue lógicamente con la idea puesta en salvar a los empleos en una situación complicada de la empresa», matizando que «el plan de viabilidad presentado por Joaquín Navarro fue estudiado por los técnicos del INFO, así como por técnicos externos; y parecía en papel un buen proyecto». En este sentido subrayó que la única demanda penal que ha interpuesto la comunidad contra una empresa fue en ese caso, «ya que entendimos que había una estafa y una apropiación indebida y que parte del dinero que se había dado para ese plan de viabilidad se estaba empleando en otras cosas».

Celdrán que también fue director del INFO, entre 2015-2017, recordó sobre la búsqueda de inversores que «son incontables las reuniones que hemos tenido con gente que ha querido tener información de la empresa para invertir y adquirir sus instalaciones industriales.

También quiso explicar sobre la relación con el regidor calasparreño José Vélez, que «existe una relación de máxima lealtad y de colaboración estrecha, la misma que existe con los alcaldes de Campos del Río y Mula». Se trata de los otros dos municipios que también se vieron afectados por el cierre de la conservera.