El fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, tiene claro que en el conocido como ´caso Las Brisas´ se cometieron delitos continuados de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, en concurso con el delito de fraude, así como otro delito de falsedad ideológica (por parte de uno de los arquitectos implicados). El caso llega a juicio con la atenuante de dilaciones indebidas «como muy cualificada». Y es que fue allá por 2003 cuando se abrió por primera vez una diligencia referente a los hechos que comenzarán a juzgarse el próximo lunes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena.
El que fuera alcalde de San Javier, José Hernández, se sentará ese día en el banquillo, acusado de un delito continuado de prevaricación. Por ello, el fiscal Lozano pide para él un año y seis meses de prisión, y que esté cinco años más inhabilitado para tener un cargo público.
También están procesados en la causa el arquitecto municipal del Ayuntamiento de San Javier, Miguel Botella Jiménez (para el que Lozano pide la misma pena que para el exalcalde, por el delito de prevaricación, y otros dos años y medio de cárcel por el delito de falsedad continuada en documento público), el jurídico del Consistorio, Francisco Javier Gracia Navarro (se enfrenta a un año y medio de cárcel y un lustro de inhabilitación, también por prevaricación) y el promotor Ángel García Cantó (le piden un año y cuatro meses de prisión y seis meses de inhabilitación).
Dada las penas, previsiblemente ninguno de ellos llegue a ingesar en prisión.
Los implicados «adoptaron decisiones y emitieron informes en el ámbito de su responsabilidad, a sabiendas de su ilegalidad y de la importante ordenación del territorio que provocaban en el subpolígono P-1 de La Manga del Mar Menor», tiene claro el fiscal.
Por ejemplo, facilitaron, allá por 2001, la construcción de 60 viviendas, dos locales y un garaje subterráneo en la localidad costera. «No existen planos con mediciones reales, existiendo contradicciones entre superficies escrituradas, catastrales y urbanísticas por la actuación conjunta e interesada», señala Lozano.
