El cruce de reproches políticos entre el Gobierno central y el regional y una sentada de damnificados en el Ayuntamiento de Lorca han marcado la primera reunión en año y medio de la Comisión Mixta que gestiona las ayudas públicas para los afectados por los terremotos del año 2011.
La Comunidad Autónoma solicitará al Gobierno Central que reactive el convenio para pagar las ayudas de alquiler, aún pendientes, a unas 500 familias afectadas por los terremotos de 2011. Asimismo, el Gobierno Regional reclamará al Ministerio que modifique la normativa para ampliar el plazo de ejecución de las obras de reconstrucción de la ciudad, hasta septiembre de 2019.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, criticó lo que considera como «bloqueo injustificado» por parte del Ministerio del Interior y señaló que «las familias siguen necesitando el apoyo de las administraciones porque todavía hay edificios en reconstrucción y otros que tendrán que ser demolidos». Hasta el momento, según Valverde, se han concedido 80,3 millones de euros en ayudas a los damnificados por los seísmos y el 86,4% de las familias han recibido la subvención. Recordó asimismo que un total de 1.557 familias se han beneficiado de las ayudas para el alquiler de viviendas concedidas por la Comisión Mixta, con un importe total de más de 16 millones de euros, cofinanciadas al 50% por la Comunidad y el Estado.
Por su parte, el delegado del gobierno, Diego Conesa, señaló que «ha llegado la hora de dejarse de politiqueo y seguir avanzando de la mano todos juntos en la reconstrucción de Lorca que se inició estando los socialistas al frente del Gobierno de España».Con respecto a la firma de renovación del convenio de alquileres aún pendiente, dijo que se encuentra paralizado desde mayo de 2017. Conesa lamenta la actitud de confrontación de la Comunidad Autónoma hacia el Gobierno de España y reclama colaboración y sensibilidad para resolver el asunto de las ayudas. Asimismo afirma que «no se entiende cómo 7 años después, aún haya cientos de vecinos que sufren la ansiedad de no tener resueltos unos problemas, exclusivamente burocráticos y administrativos».
En cuanto al convenio de alquileres que sigue pendiente de firma señaló que «será una realidad y será remitido al Gobierno Regional a lo largo del mes de octubre, pero quiero recordar que el convenio de alquileres caducó en mayo de 2017 y, estamos en octubre de 2018».
El alcalde, Fulgencio Gil, reclama que la Comisión Mixta se mantenga trabajando «hasta que el último afectado por los seísmos pueda regresar a su hogar» y solicita que esta herramienta, creada en el año 2011 para tramitar cuestiones relacionadas con la catástrofe natural, siga funcionando, al menos, hasta finales de 2019, ya que estaba previsto que se disolviera en diciembre de este año.
El delegado del Gobierno se comprometió a prorrogar las reuniones de la citada comisión.El alcalde pide igualmente que se firme cuanto antes el nuevo convenio para las ayudas al alquiler, que se prorrogue el de justificación de reconstrucción, que el Estado renuncie a los intereses de demora sobre las ayudas y que se mantenga activa la Comisión Mixta.
Por su parte, el concejal del grupo municipal socialista Antonio Navarro lamenta «la cara dura del PP al exigir ahora al Gobierno de España las ayudas para el alquiler que Rajoy mantuvo embalsadas durante año y medio».
