Los vecinos de varias pedanías de Lorca participaron ayer en una marcha a pie de algo más de dos kilómetros de longitud para reclamar a las Administraciones local y autonómica lo mismo que al Gobierno central: que trabajen de la mano para llevar a cabo ,cuanto antes, el encauzamiento de las 12 ramblas que, hace ahora seis años, con motivo de la riada de San Wenceslao, causaron la muerte de seis personas en Lorca y Puerto Lumbreras, además de cuantiosos daños materiales.

Los participantes en la marcha pidieron a los responsables políticos que no se olviden de lo que pasó el 28 de septiembre de 2012. Con motivo de este sexto aniversario, la Plataforma de Afectados por la Inundación que se registró el 28 de septiembre de 2012 programó ayer la citada marcha bajo el lema 'Basta ya de discursos. Encauzamiento de ramblas ¡ya¡'.

El encuentro tuvo lugar en el paraje conocido como Copo de Miñarro, con posterior recorrido por el cauce de la rambla de Béjar, una de las 12 que desembocan en la rambla de Biznaga, todavía sin encauzar, antes de llegar al río Guadalentín. Seis años después de la catástrofe, los vecinos dicen que «todo sigue igual» porque aún no se han ejecutado los encauzamientos previstos ni tampoco las presas que les prometieron.

Las pedanías lorquinas que resultaron mayormente afectadas fueron las de Campillo y Torrecilla, que sufren las consecuencias directas de cualquier riada que se produzca a lo que, en parte, contribuye la barrera que supone la autovía Lorca-Águilas.

Según el presidente de la asociación de vecinos de Campillo y miembro de la plataforma de afectados, Joaquín Giner, «seguimos en la misma situación o, incluso, estamos peor que hace seis años y esa es la triste realidad». Para conocer la situación, Giner invitó a cualquier ciudadano a visitar la zona, como ellos hicieron ayer.

A su vez, aseguró que «cuando entra el otoño nos ponemos a temblar. Estamos preocupados y en un sin vivir constante y tampoco sabemos dónde meternos cuando se producen anuncios de gota fría, estando siempre en una constante incertidumbre. La misma todos los años». Del mismo modo, afirmó que «ya va siendo hora de buscar una solución porque son muchos los años transcurridos y está en juego la vida de miles de familias que son las afectadas».

Con el acto de ayer, según el presidente de la asociación vecinal, buscan que «no se olvide lo que pasó y nos sirva también para mantener viva la llama y ver que no nos dormimos en los laureles». Los vecinos, según el representante vecinal de Campillo, «están desesperados porque pasan los años y no llegan las soluciones».

Reconoce que hay proyectos para ampliar la capacidad de los puentes como es el caso del Puente del Bao, «pero todo siguen siendo proyectos», y añadió que «el puente del Bao es el punto clave porque por ese lugar es por dónde tiene que salir el agua de las 12 ramblas que desaguan en Campillo».

La obra, según Giner, fue adjudicada en 2016 y aún no ha comenzado aunque reconoce también que «el proyecto se ha modificado a petición de los vecinos porque queremos que el drenaje de los puentes que coinciden con el antiguo cauce vayan más profundos». Otra de las obras pendientes es la correspondiente al plan de pedanías aprobado por la Comunidad Autónoma que consiste en los trabajos de drenaje entre los dos puentes.

Los vecinos exigieron, asimismo, que la construcción de presas anunciadas para retener la fuerza del agua se lleve a cabo ya sin más dilación. Los participantes en la concentración de ayer se vieron arropados por los representantes políticos en el Ayuntamiento.

A la protesta asistió el grupo socialista en el Consistorio y el delegado del Gobierno en la Región, Diego Conesa; quienes señalaron que el trabajo realizado por el PSOE «ha sido constante para defender a los afectados, a quienes la Administración ha discriminado y ha tratado como de segunda».Además, el PSOE añadió que «si lloviera igual que lo hizo el 28 de septiembre de 2012, la tragedia sería igual o peor porque las Administraciones públicas no han hecho nada durante los últimos años». Mientras, cerca de 6.500 ciudadanos en las más de 5.000 hectáreas de terreno que abarcan las dos pedanías afectadas esperan una solución.