La sentencia, archivando la causa por un presunto delito de prevaricación contra el anterior alcalde caravaqueño, Domingo Aranda, ha levantado -como cabía de esperar- un maremoto político de acusaciones entre PP y PSOE y más tras sumarse la petición por parte de los Populares de un Pleno extraordinario, para que el actual regidor de las explicaciones que motivaron a enviar el asunto a la Fiscalía.
El portavoz socialista en la localidad, Enrique Fuentes, compareció ayer para explicar dichas causas. Los hechos se remontan a finales de mayo del 2015, unos días antes de la toma de posesión de la actual Corporación, el anterior equipo de Gobierno del PP aprobó el asfaltado de un vial junto al polígono industrial de Cavila en unos terrenos que presuntamente habían sido cedidos al Ayuntamiento de Caravaca, mediante un convenio rubricado por los propietarios en abril de 2015, pero en el que no figuraba la firma del entonces alcalde Domingo Aranda.
Según explicó Fuentes, «esta circunstancia provocó dudas en el actual equipo de Gobierno, ya que el documento podría no ser válido al no tener la firma»La empresa que llevó a cabo las obras de asfaltado presentó la factura y el actual alcalde, José Moreno, solicitó informes a los distintos servicios municipales para decidir si había que pagarla o no, ya que no había seguridad de que los terrenos fueran de propiedad municipal.
Finalmente se decidió no pagar y la empresa demandó al Ayuntamiento por el impago. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia dio la razón al Consistorio por negarse a pagar la factura, ya que podría haber incurrido en un delito de prevaricación.
Según relató Fuentes, «la juez considera en su auto que «no se ha podido concluir con determinación que los viales donde se llevaron a cabo las obras fueran de titularidad pública o privada». En este sentido declaró que «podríamos haber cometido un delito de prevaricación, o incluso malversación de caudales público, si se hubiera pagado la factura por obras en terrenos que no son municipales».
