La sentencia, archivando la causa por un presunto delito de prevaricación contra el anterior regidor caravaqueño, Domingo Aranda, ha levantado -como cabía de esperar- un maremoto político de acusaciones entre Partido Popular y PSOE y más tras sumarse la petición por parte de los Populares de un pleno extraordinario, para que el actual regidor de las explicaciones que motivaron a enviar el asunto a la Fiscalía.

El portavoz socialista comparecía para explicar dichas causas. Los hechos se remontan a finales de mayo del 2015, unos días antes de la toma de posesión de la actual Corporación, el anterior equipo de gobierno del PP aprobó el asfaltado de un vial junto al polígono industrial de Cavila en unos terrenos que presuntamente habían sido cedidos al Ayuntamiento de Caravaca, mediante un convenio rubricado por los propietarios en abril de 2015, pero en el que no figuraba la firma del entonces alcalde Domingo Aranda. Según explicó Fuentes, «esta circunstancia provocó dudas en el actual equipo de gobierno, ya que el documento podría no ser válido al no tener la firma».

La empresa que llevó a cabo las obras de asfaltado presentó la factura y el actual Alcalde, José Moreno, solicitó informes a los distintos servicios municipales para decidir si había que pagarla o no, ya que no había seguridad de que los terrenos fueran de propiedad municipal.

Finalmente se decidió no pagar y la empresa demandó al Ayuntamiento por el impago. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia dio la razón al consistorio por negarse a pagar la factura, ya que podría haber incurrido en un delito de prevaricación.

Según relató Fuentes, «la juez considera en su auto que “no se ha podido concluir con determinación que los viales donde se llevaron a cabo las obras fueran de titularidad pública o privada». En este sentido ha declarado que «podríamos haber cometido un delito de prevaricación, o incluso malversación de caudales público, si se hubiera pagado la factura por obras en terrenos que no son municipales».

Al respecto de las declaración del secretario del Partido Popular en Caravaca, José Santiago Villa, el edil de Urbanismo ha puesto de manifiesto que “la afirmación del secretario del PP es, por tanto, gratuita y contradice a la juez”. Y añadió que «nosotros no estamos judicializando la política, remitimos la documentación a la Fiscalía y no fuimos a presentar una denuncia a los juzgados, y tras el sobreseimiento provisional tampoco hemos acudido al juzgado de lo Contencioso Administrativo».

Contradicciones en el proceso

Según las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado al que ha tenido acceso esta redacción, durante las diligencias de investigaciones se produjeron diversas contradicciones entre las pruebas y careos practicados. Tomando la titular del número 3 de Caravaca de la Cruz, el informe de Secretaría que explicaba que «si bien, en un primer momento, podríamos concluir que existen elementos suficientes para postularnos en contra de la titularidad municipal de la vía de servicio, existen otros elementos en cuenta que atemperan la conclusión anterior y que pudieron ser relevantes para la posterior resolución judicial del Procedimiento. Por otro lado, y en un informe posterior». Por otro del Área de Urbanismo, explicó en otro informe que «del análisis realizado no cabe entender que de las referencias a elementos coexistentes, indicadas en el informe de la Secretaría 19/2018, se puede entender la titularidad pública de esos viales de servicio, como se acreditan en el informe y a juicio del técnico que suscribe, estos viales son de titularidad privada».