Una de las mujeres era la dueña del burdel, y la otra se hacía cargo del negocio en su ausencia. Es lo que declararon las víctimas, mujeres obligadas a ejercer la prostitución en un chalé y un piso de Lorca, después de que la Policía Nacional desmantelase esta red de explotación laboral y sexual.

Fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Lorca el que, estando de guardia, recibía el atestado de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades documentales (UCRIF) de la Policía Nacional.

Posteriormente, de la causa se hizo cargo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de la misma ciudad.

Las presuntas cabecillas de la red desmantelada en otoño del año pasado están en prisión provisional, a la espera de juicio. Se enfrentan no solo a los cargos por explotación laboral y sexual de mujeres (a las que, supuestamente, amenazaban con hacerles conjuros si no obedecían), sino que también se las investiga por tráfico de estupefacientes.

Y es que en uno de los registros, efectuados por la Policía Nacional en su momento, los agentes, tras saber que en los dos prostíbulos de las sospechosas se vendía droga a los clientes, encontraron ''300 gramos de cocaína en roca de alta pureza, así como 18 papelinas de coca y útiles predestinados al tráfico de drogas, tales como tijeras y trozos de plástico'', se lee en el auto de la Audiencia Provincial por el que este tribunal deniega la libertad a una de las investigadas, que se encuentra en la cárcel desde hace meses.

Precisamente esta mujer quiso declarar, por iniciativa propia, ante la jueza instructora el pasado mes de abril, y entonces dijo que la otra sospechosa ''le dejaba unos paquetes para entregarlos a cambio de dinero, y que ella sospechaba que en el interior de esos paquetes podía haber droga''.

Ella insiste en que ''no era más que una trabajadora del prostíbulo igualmente explotada y que, si se encargaba de abrir la puerta, era por indicación'' de la mujer a la que señala como cabecilla.

Sin embargo, otras víctimas coincidieron, cuando hablaron con la Policía, en que esta mujer colaboraba con la dueña del burdel a la hora de explotarlas.

La Audiencia, para denegar la libertad a esta mujer, tiene en cuenta que su estancia en España es «irregular», ya que ella es brasileña, no tiene trabajo ni domicilio, lo que implica, considera el tribunal, ''falta de arraigo personal, dado que su familia directa, incluido un hijo, permanecen en su país de origen''.

La investigación puso al descubierto que las actividades ilegales se estaban llevando a cabo en un chalé (denominado Casa Roja) en el extrarradio de la Ciudad del Sol, además de en un piso de la calle Jerónimo Santa Fe. La organización disponía de una cafetería donde, presuntamente, captaban a chicas para trabajar y posteriormente las derivaban al chalé y al piso para obligarlas al ejercicio de la prostitución, bajo amenazas.

En aquella operación policial, siete personas, con edades comprendidas entre los 25 y los 47 años, fueron arrestadas. En los registros efectuados se hallaron habitaciones dedicadas exclusivamente a ´altares´ de santería para coaccionar a las chicas.