El alcalde de Calasparra, José Vélez, denuncia un acoso en los juzgados por parte de los grupos de la oposición del consistorio. Una cuestión que a su juicio está «obstaculizando la vida política, así como el trabajo del Ayuntamiento». El regidor comparecía para aclarar la sentencia que el grupo Ciudadanos había manifestado en varias ocasiones, en la que instaba al Ayuntamiento a «estar obligado a entregar las cuentas de la Comisión Taurina de los años 2013 y 2014». En ese sentido el regidor explicó que «las cuentas estuvieron puestas en el tablón del Ayuntamiento dos meses y todo el que quiso pasó y pudo verlas sin ningún problema», matizando que «incluso hubo una persona que se interesó en conocer datos más puntuales, como seguridad social de los novilleros, y desde los servicios de intervención y tesorería se le ofrecieron todos los datos sin ningún problema».

Según explicó Vélez, «fue cuando habían pasado esos dos meses cuando un exedil de Ciudadanos quiso saber los datos de las cuentas de la Comisión Taurina», pero fue fuera de esos dos meses cuando el exedil -en palabras del alcalde-, a título personal, llevó el asunto a los tribunales. Sobre la sentencia explicó que en el mes de octubre se le remitió una notificación al interesado, donde se le habilitaba un plazo de dieciséis días para que pasara por la Secretaría General para poder disponer de toda la documentación que necesitara, «aunque el interesado y denunciante nunca se personó» apuntilló el alcalde.

Una notificación que tuvo lugar cuatro meses antes de que se conociera la sentencia, en este sentido José Vélez afirmó que, «pese a tener constancia de la notificación, no comunicaron al juzgado que se les había facilitado toda la documentación económica», reconociendo también que «nosotros no nos percatamos de ese detalle y tampoco lo pusimos en conocimiento del juzgado». José Vélez mostró diferentes denuncias interpuestas contra su gestión tanto en el juzgado como en la fiscalía, «y como todas, una por una han sido archivadas o desestimadas». Entre la documentación que mostró se encontraba un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, presentado por la portavoz del Partido Popular, que, además de ser desestimada, ha sido condenada al pago de las costas. Dicho recurso hacía referencia al pleno donde se aprobaron las remuneraciones de los concejales. Una denuncia que provocó que los ediles liberados tuvieran que volver a sus puestos de trabajo hasta que se aclaró el asunto.

También se incluyen desestimaciones por negarse a entregar documentación, o por la expulsión en un pleno del portavoz del grupo municipal de Ciudadanos. El alcalde recordó que en estos momentos hay tres ediles de la corporación investigados o imputados por diferentes asuntos y que sus respectivos partidos políticos a nivel regional aún no se han pronunciado sobre el asunto. Vélez aclaró que, respecto a los hermanos Alajarín (Ciudadanos), «uno está investigado por el caso de la trama del coleccionista de arte de Bullas, una trama de expoliación arqueológica nacional y venta ilícita presuntamente de dichos materiales; y el otro hermano investigado por la supuesta entrega de documentos confidenciales a un ciudadano para utilizar esa información contra el ayuntamiento».

Sobre la tercera persona investigada se trata de la portavoz del Partido Popular, que está siendo investigada por la gestión de las cuentas de Caravaca Jubilar. En este sentido Vélez adelantó que «el caso tendrá acusación particular», aunque prefirió por el momento no decir quién es la persona que ha solicitado personarse