Las fincas situadas en las zonas de La Serrana y Los Albares, en Cieza, van a estar a partir de ahora más vigiladas que nunca a través de cámaras de seguridad que se van a distribuir a lo largo de unas 1.350 hectáreas y que van a estar conectadas con la Policía Local. Sólo los agentes municipales podrán custodiarlas y acceder a los contenidos que se vayan grabando.
La medida, pionera en la Región y que tendrá un carácter de experiencia piloto, llega tras dos largos años de negociaciones entre los representantes de la Comunidad de Regantes de La Serrana y Los Albares y diferentes instituciones, incluyendo a la Delegación del Gobierno y al poder judicial. El proyecto culminó este viernes con la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Cieza y dicha comunidad para que el Consistorio y la Policía Local se conviertan en los gestores de las imágenes, en cuya comisaría se ubicará la consola que trabajará las 24 horas. Se van a instalar un total de 20 cámaras distribuidas de manera estratégica para cubrir toda la zona.
El alcalde, el socialista Pascual Lucas, dijo que «estamos ante una experiencia piloto que cumple con toda la normativa vigente sobre protección de datos, ya que no hay intención de conocer quiénes pasean o trabajan en las fincas, sino de utilizar las imágenes en caso de que exista un robo y, después, poder esclarecerlo». Además, el regidor quiso puntualizar que se trata «de una experiencia piloto» y que , si los resultados son buenos, «se extenderá a los demás parajes de Cieza».
Juan Molina, presidente de la Comunidad de Regantes Serrana-Albares, dijo durante la firma del convenio que en los últimos tiempos «se están robando, ya no sólo la fruta, sino también los sistemas de riego». Reseñó que «son habituales los hurtos en viviendas y en los almacenes donde se guardan vehículos y otra maquinaria con la que trabajan los agricultores y los regantes».
Francisco Pérez Zamorano, secretario de la entidad comunera, hizo hincapié en la Ley de Protección de Datos y reseñó que se trata de un trámite aceptado por el Tribunal Superior de Justicia, por todas las fuerzas políticas y por todos los propietarios de las fincas existentes en la zona. Desveló que las primeras acciones se iniciaron en abril de 2016, «y desde entonces, incluso se lo hemos tenido que explicar a los jueces». Zamorano también quiso agradecer el trabajo del asesor municipal José Luis Sánchez.
La iniciativa lleva implícita una aplicación que podrá distinguir entre las que han denominado 'matrículas negras y blancas' de los vehículos. Así, las negras serán «aquellas que puedan ser susceptibles de sospecha y las blancas, las habituales de los dueños y otras personas que circulen por la zona. De esta manera será más fácil y rápido para las fuerzas del orden poder dar con los supuestos autores de un robo», explicó Zamorano.
