El pago de la deuda con la Seguridad Social y con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla que mantiene el Ayuntamiento de Moratalla tendrá que esperar al frenar la oposición la moción con carácter de urgencia en el Pleno para pedir un crédito. Y es que, tras calificar el Ministerio de Hacienda al Consistorio moratallero como «en riesgo financiero», el Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda contemplaba, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una línea de 1,7 millones de euros para hacer frente a las deudas pendientes. Dicho acuerdo debía de ser ratificado en el Pleno convocado de forma extraordinaria y con carácter de urgencia para que no se pasase el plazo, pero la oposición lo frenó.

Tanto Partido Popular como IU-Ganar Moratalla se opusieron al carácter de urgencia y el punto del día no pudo ser debatido. Ahora el Consistorio tendrá que buscar otra fecha, si no quieren perder la ayuda. El alcalde de Moratalla, Jesús Amo, tachó de «irresponsable» la acción de ambos grupos municipales.

En este sentido explicó que «lo que están haciendo en bloquear el funcionamiento del Ayuntamiento de Moratalla», matizando que «desde hace meses estamos buscando una solución para la situación financiera de las arcas municipales». Amo recordó que el Consistorio «está en la lista de los ayuntamientos con una situación financiera crítica».

Sobre el préstamo, el primer edil moratallero destacó que «no se trata de aumentar la deuda del Consistorio, sino de cambiar deuda a corto por a largo plazo para agilizar la tesorería municipal». El préstamo establece la devolución de la deuda a diez años, de los cuales los dos primeros años únicamente se pagarían intereses y el resto sería amortizado con las aportaciones del Gobierno Central al Consistorio.

El equipo de Gobierno convocará un nuevo pleno extraordinario antes de que expire el plazo para intentar acogerse a la ayuda.

Desde las filas populares, su portavoz Juan Soria, dijo que la documentación llegó el pasado 9 de marzo y «han esperando hasta el último día para convocar el Pleno». También puso de manifiesto que «existen dudas más que razonables sobre la legalidad del acto».