La asamblea de trabajadores del Ayuntamiento de Blanca ha alzado la voz ante «la paralización» que, según UGT y CCOO, sufre el Proceso de Negociación Colectiva entre el personal laboral del Ayuntamiento y el actual equipo de Gobierno presidido por Esther Hortelano. Los sindicalistas aseguran que en 2015, bajo el mandato del alcalde del PSOE, Pedro Luis Molina, se llegó a un acuerdo para iniciar el proceso «que rechazaron en pleno el PP y Blanca Puede». Sin embargo, tras la moción de censura de estos dos partidos, los sindicatos «solicitamos la apertura inmediata de negociaciones y poder así negociar las salvedades que estos grupos tenían para rechazar, de manera sorpresiva, el acuerdo en Pleno».

Según añaden los representantes de los trabajadores, «esta es la hora en la que, a pesar de los compromisos expresados por estos dos Grupos -ahora sólo PP- los trabajadores de Blanca no pueden contar con un texto legal de convenio desde el año 2011, donde la RPT es del año 1999 y no refleja para nada la situación actual de la plantilla».

Aseguran que los trabajadores de servicios «no tienen ropa de trabajo desde hace más de 8 años, los vehículos son antiguos y las herramientas de trabajo son escasas y obsoletas». Dicen además que la Policía «sigue sin tener un vehículo en condiciones, ropa y material de trabajo donde los empleados soportan una sobrecarga por la no reposición de las vacantes que se van produciendo y sin poder siquiera haber cobrado el total de la paga extra que nos quitaron en 2012». Por ello, añaden, «instamos al equipo de gobierno actual a que tome buena nota de lo expuesto y podamos tener una negociación real a la que tenemos derecho».

La alcaldesa, Esther Hortelano, reconoció que no se ha cerrado el convenio, aunque aseguró que el Ayuntamiento «está cumpliendo compromisos que todavía no están cerrados». Dijo que la principal causa de no llegar a un acuerdo «son las discrepancias que existen entre los propios trabajadores y los sindicatos, porque todos los trabajadores no están de acuerdo en todos los puntos».

Hortelano aclara que uno de los puntos que los sindicatos exigen es convertir en funcionarios públicos a todos los trabajadores y personal laboral. «Es algo que no podemos hacer porque nos endeudaríamos más de lo que, incluso, nos permite la ley y crearíamos un gran gravamen a las arcas municipales», dijo.