La empresa Aguas de Cieza, con un 51 por ciento de titularidad municipal, será auditada en 2018 por el propio Ayuntamiento para comprobar, según Miguel Gual, edil de Transparencia, que el precio del agua no ha sufrido sobrecostes. Según Gual, la auditoria se llevará a cabo en virtud del acuerdo tomado en marzo de 2016, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Cieza aprobó una moción para defender que el servicio de suministro de agua potable debe ser una tasa, única forma de garantizar un precio mínimo por un servicio que «es de primerísima necesidad».

El edil de Transparencia dice que quiere comprobar que la empresa municipal Aguas de Cieza «no ha llevado el mismo camino que su empresa matriz, Hidrogea, hoy investigada en varios ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Murcia».

Tanto el propio Miguel Gual como su compañera de filas en Cieza Puede, Pilar Martínez, (socios del gobierno tripartito con el PSOE e IU), abandonaron la empresa ante el supuesto caso de corrupción del denominado caso Pokémon, que investiga delitos en la gestión del agua en la rama del Grupo Agbar en la Región de Murcia.