El empresario Ángel Fenoll, sus hermanos Ramón y José, sus sobrinos Ginés y Ángel Javier, y dos empleados de Proambiente están a un paso de sentarse en el banquillo por presuntos delitos continuados contra los recursos naturales y el medio ambiente relacionados con el vertedero que la familia posee entre Abanilla y Orihuela. Se les acusa de haber vertido basura fuera de las zonas autorizadas durante años, saltándose las resoluciones judiciales dictadas, afectando a 44 hectáreas de Lugar de Interés Comunitario (LIC), a hábitats de interés y a una Zona de Especial Protección para las Aves.

La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Cieza, tras culminar la fase de instrucción, ha dictado una providencia para la presentación de los escritos de acusación. El primero ha sido el de la Plataforma Vertivega que pide la apertura de juicio y solicita penas de prisión para los siete investigados (antes imputados) que suman 42 años -6 para cada uno- a los que se añade Proambiente como persona jurídica. Además, solicita una multa para cada uno de 27.000 euros y su inhabilitación. El escrito de acusación, de 27 páginas, dirigido por el letrado Luis Miguel Cartagena, y al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, argumenta todas las supuestas irregularidades del polémico vertedero desde 2005 y las numerosas denuncias que se han presentado hasta su clausura. La mercantil está en fase de liquidación.

Quedan aún por entregar a la juez que instruye la causa el resto de escritos de acusación, entre los que se encuentran el del Ayuntamiento de Abanilla, el de la Región de Murcia y el de la Generalitat valenciana. El de Ecologistas en Acción fue entregado en septiembre.

La Región cuantificó en su día el coste de los trabajos de recuperación de la zona afectada, que ascienden a 4,8 millones de euros por la restauración completa, la gestión final de los lixiviados, las medidas postclausura y la compensación, de los que se garantizó en 2013, un total de 3.305.933 euros, sin contar, como señala Vertivega en su escrito, «el daño irreparable a la flora, fauna y hábitats, así como la contaminación atmosférica, acuíferos y subsuelo», daño por el que el juzgado de Cieza ya obligó a garantizar más de 2 millones de euros a Proambiente.

La magistrada, en su auto, considera que existen indicios de que, pese a contar con autorización para realizar vertidos en los vasos 1, 2 y 3, se excedieron «invadiendo en gran medida» la zona protegida de la Sierra de Abanilla. Además, los responsables del vertedero abrieron otros dos vasos, el 4 y el 5, y otros enclaves de vertidos, sin licencia y vertieron unas 100.000 toneladas de residuos sin procesar que produjo lixiviados.