El titular del Juzgado número 5 de Molina ha acordado llamar a declarar al alcalde de Ceutí, Juan Felipe Cano, el próximo 24 de noviembre en calidad de investigado debido a la venta «irregular» de una parcela municipal de 10.800 metros cuadrados a la que había cambiado el uso del suelo y que enajenó «muy por debajo de su precio de tasación» con el fin de esquivar el control del Pleno y satisfacer un «preacuerdo» alcanzado con una cadena de supermercados.

Así lo ha hecho saber en una rueda de prensa el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ceutí, Ángel Lozano, quien ha pedido la dimisión «inmediata» del alcalde, Juan Felipe Cano (PP), por este procedimiento judicial que inició el PSOE con la presentación de una querella el pasado mes de mayo por un presunto de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

En concreto, Lozano ha recordado que la venta de esta parcela se llevó al Pleno municipal, órgano competente en dar la autorización porque el «precio de salida superaba el 10 por ciento del presupuesto municipal». El Pleno decidió no vender la parcela, gracias a los votos en contra de Cambiemos, el PSOE y Ciudadanos.

En concreto, el Pleno rechazó la venta por el «cambio de uso que se hizo del solar», ya que estaba originalmente destinado a equipamientos docentes y, «automáticamente, el PP lo reconvirtió en una zona de equipamientos para servicios», según Lozano.

Además, el Pleno votó en contra de esta operación porque implicaba un «teletransporte» de parcelas, lo que consiste en trasladar la zona de equipamiento docente a otra zona del pueblo que «no tiene futuro, ya que es un lugar perdido y nadie sabe exactamente qué sentido tiene».

El alcalde, no obstante, se saltó esa decisión «a la torera» y, tres días después, encargó la tasación de la parcela a otra empresa que estableció un precio inferior al 10 por ciento del presupuesto, con lo que la decisión quedaba en manos de la Junta local de Gobierno y no tenía que pasar por el Pleno.

El PSOE no estaba de acuerdo con la primera tasación, que tenía un valor «superior», ni con la segunda tasación, que «abarataba el coste de la parcela», según Lozano. A ello se suman «los reparos que pusieron en su momento la interventora y la secretaria municipal» en un informe que dice expresamente que «no existe justificación objetiva para bajar el precio», añade el portavoz socialista.

Lozano ha criticado que el alcalde llegó a decir a un compañero que el solar se iba a vender «sí o sí» porque, entre otras cosas, «había un preacuerdo con una empresa para que se instalara allí una gran superficie, pese a ser una oferta pública». En la operación, según el portavoz socialista, se empleaban una serie de empresas «interpuestas». Para Lozano, existen «muchas irregularidades» en esta venta y el PSOE se vio en la «obligación» de tomar las medidas judiciales «oportunas».

El juez insta asimismo al Ayuntamiento a que comunique qué miembros componían la Junta de Gobierno en el momento de tomar la decisión, porque «entendemos que se les investigará también».