Ciudadanos pedirá explicaciones de la gestión de Caravaca Jubilar a los responsables de la entidad pública que se encargaba de gestionar los recursos turísticos del municipio. Dichas comparecencias se llevarán a cabo si finalmente el pleno caravaqueño aprueba la creación de una comisión de investigación sobre la empresa, cuya titularidad fue de la Comunidad Autónoma desde su creación hasta el año 2013, y posteriormente su accionariado fue vendido por un euro al consistorio para finalmente entrar en proceso de extinción tras no cumplir los requisitos de la ley de Sostenibilidad Financiera. Así se desprendía tras la comparecencia del portavoz del grupo municipal de la formación naranja, José Carlos Gómez, quien explicó que «es intención por parte de Ciudadanos llamar a todos los actores principales, tanto a nivel local como regional, para que den explicaciones, porque sin ellos poca información vamos a tener», recordando que «no existe una obligación o el imperativo legal para que comparezcan».

Sobre la compatibilidad de dicha comisión en caso de que existiera paralelamente un auto de investigación (antes imputación), Gómez explicó que «hay que diferenciar muy bien entre lo que son las investigaciones y la fiscalía. Que ya la comisión en su momento valorará tanto las posibilidades jurídicas, como la idoneidad de personarse en aquellas actuaciones en el caso de que las hubiera». Sobre los años de gestión que serán investigados, explicó que «no existe prescripción alguna, ya que lo que se pretende es esclarecer unos hechos y dar las explicaciones políticas a los ciudadanos».

También manifestó que desde el inicio de la legislatura «planteamos al alcalde José Moreno la creación de la Comisión de Investigación de Caravaca Jubilar, y éste nos pidió que fuéramos pacientes», matizando que «llevamos un año de inmovilismo y creemos que es el momento de actuar ya que queremos saber a dónde ha ido ese dinero».

Según se puso de manifiesto desde la formación naranja, el informe de cuentas de la sociedad arrojaba unas pérdidas de entre 1.200.000 y 1.500.000 euros, independientemente de los ingresos obtenidos, que algunos años eran de 300.000 euros y otros superaban el millón de euros, algo que para el ´Partido de la Ciudadanía´ «indica un funcionamiento, cuando menos, anómalo».

También estuvo presente en la rueda de prensa el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Miguel Sánchez, quien declaró que, «con todas las presunciones necesarias, los indicios apuntan que hemos sido los campeones del despilfarro del dinero de los ciudadanos», poniendo de manifiesto que «la gestión ha sido, cuando menos, nefasta». Sánchez ha defendido la utilidad de estas comisiones «porque los ciudadanos tienen derecho a conocer en qué se gasta hasta el último céntimo de su dinero».

Otras dos comisiones

Ciudadanos también se plantea la solicitud de sendas comisiones que investiguen el caso El Roblecillo, una urbanización que no se llegó a construir y por cuya recalificación están imputados un larga lista de ediles del Partido Popular de las anteriores legislaturas, y la UTE Caravaca, cuya sentencia condenó al pago por parte del Ayuntamiento de una indemnización de 8,5 millones de euros.