«Siento como el autobús se para de repente y empiezo a llorar». Este es sólo uno de los muchos pensamientos que después un año y medio se repite una y otra vez en la mente de algunos de las víctimas del fatal accidente ocurrido en Cieza en noviembre de 2015 y en el que perdían la vida 14 vecinos de Bullas. Las secuelas, tanto físicas como psicológicas, de las personas que viajaban en el autobús siniestrado se mantienen a pesar del tiempo transcurrido y los afectados siguen luchando por retomar la vida diaria aunque en algunos casos no lo consiguen.

Es el caso de 12 mujeres y un hombre, vecinos de Bullas, que actualmente continúan en situación de baja temporal por las secuelas que presentan pero que ven cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social pretende cerrar sus casos a pesar de que, según aseguran, no se sienten capacitados para retomar su vida laboral, la mayoría de ellos en una conservera local. Así lo denunciaron ayer en una concentración que protagonizaron frente al ayuntamiento de Bullas, respaldados por el sacerdote y activista Joaquín Sánchez.

Estos vecinos se han agrupado para reivindicar un mejor trato y «para dejar de ser sólo un número de expediente más y recibir un trato más humano y sensible por parte de los inspectores y dirigentes del INSS», señalan

«Humanidad, sensibilidad, dignidad y justicia, son las cuatro palabras que queremos trasladar a los responsables de los casos de estos vecinos de Bullas que sufrieron una tragedia que no sólo les marcó a ellos sino a todo el pueblo y toda una Región», afirmaba Joaquín Sánchez, quien ha alzado la voz en nombre de estas mujeres «porque ellas no pueden, porque se rompen cuando ven la injusticia y tienen que enfrentarse a otro día igual».

Todas las afectadas, según Sánchez, «tienen problemas físicos en articulaciones, cervicales, extremidades o columna; a pesar de esto algunas intentaron reincorporarse a su puesto de trabajo sufriendo, además de los dolores físicos por no estar recuperadas del todo, el dolor psicológico de enfrentarse a la pérdida de sus compañeras que trabajaban allí y a las que no volverán a ver».

Isa, una de las afectadas, cuenta que ella se encontraba de baja laboral y acudió al viaje a Madrid en el autobús accidentado. «Lo primero que me achacaron fue que estando de baja me había ido de viaje, como si no fuera compatible una cosa con otra y como si no tuviera derecho a hacer nada por estar enferma. Después me han dejado entrever, en cada una de las inspecciones que he tenido que pasar, que cómo podía yo demostrar las secuelas psicológicas que tenía», relataba ayer.

Por su parte Loli, otra de las víctimas, destacaba, con la voz rota, que «sólo nosotras sabemos lo duro que se nos está haciendo enfrentarnos al día a día, pero lo que sí tenemos claro es que vamos a luchar todas juntas para conseguir un trato digno».

La empresa a la que pertenecen ha apoyado también a estas mujeres otorgándoles cuatro meses de excedencia laboral que en algunos casos concluye en agosto. Pero necesitan que se les reconozca la incapacidad. Con este objetivo solicitarán una reunión con la alcaldesa de la localidad, María Dolores Muñoz, y con el máximo dirigente del INSS en la Región.