Ni el alcalde de Los Alcázares, el popular Anastasio Bastida, ni los otros cinco ediles de la Junta Local de Gobierno, investigados por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos por la adjudicación de las obras de rehabilitación del pantalán del muelle de la Pescadería, dimitirán de momento.

Todos rechazaron ayer la petición de dimisión lanzada por los grupos de la oposición en el Ayuntamiento (PSOE, Ciudadanos e IU), en forma de moción conjunta presentada a pleno y aprobada con los votos de estos partidos (que tienen mayoría en este Ayuntamiento) y la oposición del PP, que asegura que en este proceso «dejará actuar a la justicia».

Esta decisión pone en bandeja a los grupos de oposición la presentación de la anunciada moción de censura, que negocian desde hace días y que podría llevar a la alcaldía al socialista Chema Gil, actual portavoz del PSOE. Gil anuncia, además, que están planteándose la posibilidad de solicitar que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en el caso.

Actualmente, en Los Alcázares gobierna el PP en minoría, con ocho ediles. PSOE tiene seis con