El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó ayer mediante sentencia el incumplimiento de España en 30 vertederos de residuos no peligrosos, entre ellos el del municipio de Jumilla, de las normas europeas sobre el vertido de residuos de 1999, dando así la razón a la Comisión Europea, que denunció a España ante el tribunal de Luxemburgo.
El Ejecutivo comunitario reclamó al Tribunal de Justicia de la UE que declarara que España incumplía sus obligaciones en virtud de las normas europeas en 30 vertederos, en 27 de los casos por no haberlos cerrado lo antes posible dado que no disponían de autorización para continuar con sus actividades.
Se trata de nueve vertederos de residuos no peligrosos en Vélez Rubio (Almería); Alcolea de Cinca, Sariñena, Tamarite de Litera, Somontano-Barbastro y Barranco de Sedasés, en Huesca; el de Barranco Seco, en La Palma de Gran Canaria; el de Jumilla y el de Legazpia (Guipúzcoa) y de otros 18 vertederos de residuos inertes, en concreto los de Sierra Valleja, Llanos del Campo y el Chaparral-La Sombrerera, en Cádiz; los de Pantano del Rumblar, Barranco de la Cueva, Cerrajón, Las Canteras, Hoya del Pino y el de Carretera de los Villares, todos ellos en Jaén y el de La Chacona, en Córdoba.
También debían haberse cerrados los vertederos de residuos inertes de Bellavista, El Patarín, Arahal-Morón de la Frontera, Almadén de la Plata, El Chaparral, el de la carretera A-92, KM 57,5 en Morón de la Frontera, y el de Andrada Baja, todos ellos en Sevilla, el de Carretera 3118 Fuente Leona-Cumbres mayores, en Huelva.
En el caso de los otros tres vertederos --Los de Ortuella, en el País Vasco, y los de Zurita y Juan de Grande, en Canarias--, incumplen la normativa europea al no haber garantizado que la entidad explotadora elaborara y ejecutara un plan de acondicionamiento dentro del plazo de ocho años desde la entrada en vigor de la normativa.
