El senador del PP Fulgencio Gil ha anunciado que impulsará en la Cámara Alta la redacción de una Ley Nacional de Emergencias que sea de aplicación ante situaciones de catástrofe y que se inspire en la experiencia de Lorca tras los terremotos de 2011 para «corregir disfunciones» y agilizar la respuesta de las administraciones ante ese tipo de casos.

Gil, también concejal en el ayuntamiento de Lorca, ha señalado que eventos como los seísmos de hace cinco años evidenciaron la necesidad de un marco normativo especial que permita abordar su gestión de una forma eficiente y ha recordado que en el ordenamiento jurídico español no hay leyes para regular una situación excepcional, como la derivada de una catástrofe natural.

Los terremotos que devastaron la ciudad pusieron de manifiesto que las normas y leyes que sirven para arbitrar situaciones comunes «son completamente ineficaces para eventualidades de esta envergadura», ha expuesto Gil.

Se ha referido a los problemas que tuvo que solucionar el Ayuntamiento a los damnificados derivados de la aplicación de Ley de Propiedad Horizontal y de la Ley de Subvenciones «que han ralentizado y entorpecido las cuestiones relativas a la reconstrucción de inmuebles y a la entrega de las ayudas». Por ello Gil ha considerado necesario plasmar por escrito la experiencia acumulada en el caso de Lorca, contando con el apoyo de las administraciones que intervinieron en la gestión de aquella crisis sísmica.

«Se trata de un valioso patrimonio intangible» que puede ser de utilidad a cualquier otro municipio de España que se vea afectado por una catástrofe, ha dicho el político lorquino.

En el año 2012 el alcalde de Lorca ya planteó al Gobierno central la elaboración de una ley de ámbito estatal que regule las actuaciones a seguir por las administraciones ante una situación de emergencia, «calamidad pública» o catástrofe natural de gran magnitud. Su propuesta se basaba en la comprobación de que la legislación actual solo está preparada para situaciones de normalidad y no de catástrofe , en aspectos como la normativa urbanística, de emergencias y sobre ayudas públicas. como la sufrida por el municipio.