El Juzgado de Instrucción de Caravaca de la Cruz que investiga los incendios forestales provocados en Calasparra en septiembre de 2010 por dos detenidos para distraer así, presuntamente, a las fuerzas de orden público y poder dedicarse con mayor seguridad al robo de cable de cobre, ha acordado abrir procedimiento abreviado contra tres de los denunciados.
A través de un auto, el Juzgado ha dado diez días de plazo al fiscal y a las acusaciones personadas para que presenten escrito de acusación o de solicitud de sobreseimiento de la causa. Dice la resolución judicial que uno de los incendios fue provocado en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Sierras y Vega Alta del Segura y Río Alhárabe y Moratalla, y el otro, en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) del Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán, de la Sierra de Molina.
El valor de los daños ocasionados por pérdida del valor ambiental y ecológico ha sido tasado, para las dos zonas afectadas, en un total de 8,6 millones. Así mismo, el impacto del fuego sobre el acuífero del sinclinal de Calasparra fue valorado en más de 42.000 euros.
Afirma el auto que «los investigados provocaron los incendios para que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se centraran en las labores de extinción» y así robar cobre en dos instalaciones. Los investigados son los presuntos autores de los incendios, Francisco Ramón F.M. y Francisco Javier M.M., y el supuesto comprador del material robado, Pedro M.S. Se acuerda el sobreseimiento provisional de la causa a un cuarto investigado, T.E.
