El pleno del Ayuntamiento de Lorca, reunido ayer de forma extraordinaria, hizo examen público de conciencia sobre los excesos de la política urbanística de los años de la burbuja inmobiliaria, durante una sesión de análisis del escándalo local de los 17 convenios fallidos para construir 86.302 viviendas, por cuyo incumplimiento el consistorio podría tener que devolver 16 millones de euros a promotores inmobiliarios.
Los hechos se produjeron hace diez años, cuando el Ayuntamiento aprobó estos acuerdos urbanísticos para recalificar suelo inadecuado para desarrollo urbano (SIDU) y permitir la construcción de los residenciales que nunca se llevaron a efecto, muchos de ellos en espacios naturales con protección. La operación se tradujo en la firma de contratos con promotores que adelantaron 12,7 millones al Ayuntamiento como fianza a la espera de que el consistorio despejara en tres años todos los obstáculos para la construcción de los residenciales.
Incumplida esa cláusula temporal los promotores reclaman la devolución del dinero con intereses y costas judiciales y hasta ahora son 9 las sentencias que condenan al consistorio al pago de 5,2 millones de euros, de los que solo ha abonado dos millones.
José García Murcia, de IU, colocó dos ladrillos sobre su escaño para simbolizar «la mayor estafa económica» a la que se ha enfrentado el municipio y recordó que su partido fue el único que votó en contra en el pleno de octubre de 2005 de aquella operación, que salió adelante con los votos a favor del PSOE, entonces en la alcaldía, y con el abandono de la sala por parte de los concejales del PP que no votaron.
García Murcia dijo que «el tren de los convenios lo llevó en Lorca el PSOE, el alcalde (entonces Miguel Navarro) dirigía la palanca, y a su paso le aplaudía el PP, los empresarios y los especuladores».
El portavoz del PSOE, Diego José Mateos, dijo que su grupo municipal «no tiene mochila» en relación a que no queda en el pleno ninguno de los ediles del gobierno socialista en aquel momento y se ha desligado de aquella decisión. «Si se cometieron errores lo reconocemos», afirmó Mateos que ha «corresponsabilizado» al PP de lo ocurrido ya que las sentencias condenan al Ayuntamiento no por firmar los convenios, sino por no haberlos sacado adelante en el plazo previsto de tres años.
El concejal de C's, Antonio Meca, consideró el pleno municipal «un ajuste de cuentas» entre el PP y el PSOE y ha afirmado que el escándalo de los convenios esconde una trama de corrupción que ha resumido citando una frase textual que le ha confiado uno de los promotores urbanísticos: «para que se autorice un convenio hay que hacer un ingreso en la caja del ayuntamiento y llevar otro en una bolsa de El Corte Inglés».
Para el PP la única responsabilidad sobre la devolución del dinero la tiene el PSOE por haber aprobado los convenios con una «cláusula trampa contraria a ley» y por haber gastado el dinero en gasto corriente y en apenas dos meses «obviando disposiciones legales y criterios de prudencia» que indicaban ya entonces que existía la posibilidad de devolver el dinero, dijo el edil de Hacienda, Fulgencio Gil.
