El sector vitivinícola regional selló ayer la paz tras las duras críticas vertidas en los últimos días por los bajos precios ofrecidos por la uva. Productores y bodegueros llegaron así a un acuerdo con la mediación de la consejera de Agricultura, Adela Martínez Cachá, en el que los primeros se comprometen a pagar en 30 días y a hacerlo en función de la calidad de la uva, reduciendo entrada de cultivo foráneo que no sea indispensable.

Miguel Padilla, por COAG; Marcos Alarcón, por UPA; Alfonso Gálvez, por ASAJA; Silvano García Abellán, por Asevín, y Santiago Martínez, por Fecoam, firmaron este acuerdo en el que el Gobierno autonómico se compromete en apoyar al sector mediando en las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena.

Se compromete también a colaborar con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en materia de control del sector vitivinícola y en la creación de un sistema unificado de información que incluirá registro de operadores.

El precio que se debe pagar a los productores quedará determinado, por primera vez, en función de un estudio del experto José García García, titulado 'Evaluación económica del cultivo de la viña en la Región', que calcula varios índices económicos de las explotaciones. En ese estudio el precio medio de la uva en el periodo 2001-2007 fue de 0,022 euros el kilogramo, un precio que deberá actualizarse para asegurar que, al menos, se cubren los costes de producción.

Asimismo, el pago y las liquidaciones del producto se realizarán en función de la calidad de las uvas.

En este acuerdo, los bodegueros se comprometen, además, a cumplir lo dispuesto en la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, la formalización de un contrato escrito previo a la recepción de la uva para vinificación en sus instalaciones, utilizando el modelo recomendado por la Organización Interprofesional del Vino de España, que recoge el precio de la transacción y el plazo máximo de pago de 30 días. Para conseguir una mayor transparencia de mercado y poder realizar un seguimiento y análisis del sector, se comprometen asimismo a suministrar información a la Consejería.

Por su parte, los productores se comprometen a cumplir las normativas de los distintos consejos reguladores de denominaciones de origen, en cuanto a calidad de las uvas entregadas y producciones máximas por hectárea. Aceptarán que las parcelas de D.O., cuyas producciones excedan los límites establecidos por los reglamentos de los consejos reguladores, sean descalificadas teniendo como destino la elaboración de vino de mesa. También utilizarán el contrato de compra-venta de uva para vinificación recomendado por la Organización Interprofesional del Vino.

Por último, se acordó poner en marcha una comisión de seguimiento de los acuerdos, que presidirá la consejera y estará integrada por representantes del sector productor y del sector industrial. La Consejería actuará como órgano de conciliación y arbitraje para la resolución de desacuerdos y litigios que se planteen en el cumplimiento de los contratos.