Las acusaciones personadas en el caso del asesinato de la concejala de Lorca, Alicia Zambrana, piden penas que suman hasta 21 años de prisión, tres años más que lo reclamado por la Fiscalía, para el acusado del crimen cometido en El Campello (Alicante) el 14 de febrero de 2014. La causa acaba de llegar a la Audiencia de Alicante para ser juzgada por un jurado popular y ha sido investigada como un crimen de violencia de género. El acusado es un joven paquistaní que se encontraba en situación irregular en España y con el que la víctima acababa de entablar una relación. El sospechoso fue detenido en Milán pocos días después del asesinato. El procesado está en prisión preventiva tras ser entregado a las autoridades españolas por la policía italiana. Las acusaciones en este proceso están representadas por los hermanas de la víctima y por la Generalitat Valenciana, que ejerce la acción popular.

Alicia Zambrana tenía 59 años cuando murió y acababa de separarse tras 36 años de matrimonio, por lo que se había trasladado a la provincia de Alicante para estar más cerca de sus hermanos. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, comenzó entonces una relación sentimental con el acusado, Khuram R. de 31 años, manteniendo con él encuentros sexuales esporádicos o a través del ordenador. Una semana antes del crimen, el procesado se había instalado en el domicilio que tenía la víctima en El Campello para vivir con ella. Durante este tiempo, no se lo presentó ni a su hermana, que vivía en la misma calle, ni a ninguna de sus amigas. En sus conversaciones, se refería a él como un amigo.

El fiscal incide en su escrito de acusación que la discusión que desembocó en el asesinato se produjo la noche del 13 al 14 de febrero, porque el acusado llevaba días proponiendo a la mujer que se casaran para poder regularizar su situación en España, algo a lo que ella se oponía. En medio de la discusión, el procesado cogió un taburete de madera del salón con el que le golpeó varias veces en el cráneo hasta que la mujer cayó al suelo inconsciente. Khuram la trasladó al sofá y le puso un trapo en la boca para recoger la sangre que brotaba. La mujer falleció como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Todas las acusaciones sostienen que la mujer no tuvo posibilidad alguna de defenderse de la agresión, motivo por el que califican los hechos como un asesinato. El presunto asesino huyó de la vivienda con el teléfono móvil y el ordenador portátil de la fallecida.

El fiscal pide 18 años por el crimen, mientras que los hermanos de la fallecida y la abogada de la Generalitat piden 20 años de cárcel por este delito. El ministerio público considera el robo de los efectos de la edil como una falta por la que reclama una multa de 360 euros; mientras que los familiares reclaman un año de cárcel por el hurto. En el escrito de la abogada de la Generalitat, no se pide nada por el robo pero en cambio se reclama un año de cárcel por falsedad de documento oficial, al considerar que el fugitivo llegó hasta Italia usando el pasaporte de otra persona.

En cuanto a las indemnizaciones, fiscal y Generalitat reclaman hasta 300.000 euros para los tres hijos de la fallecida; mientras que la acusación particular reclama 120.000 euros. La familia pide también que una vez cumpla su pena el acusado no pueda acercarse a ellos, ni vivir en el mismo municipio durante diez años.