El presidente del Ilustre Colegio de Geólogos (ICOG), Luis Suárez, ha denunciado que las administraciones, tanto estatal como autonómicas y municipales, no han tomado medidas de prevención y actuación ante terremotos, cuatro años después del seísmo que acabó con la vida de 10 personas en Lorca, el 11 de mayo de 2011. En declaraciones a Europa Press, ha recordado que el ICOG envió a todos los partidos un 'Decálogo para minimizar los riesgos sísmicos de España', que incluía cuatro medidas estatales y seis autonómicas.

Suárez ha reconocido que algunas de estas conllevaban un gasto económico, pero otras eran medidas sin coste asociado y que se podían haber adoptado, «no en un año, pero sí en los cuatro» que han pasado desde aquel día.

Suárez hacía estas declaraciones tras los seísmos del pasado lunes, que, según dice, son de baja magnitud porque se ha producido una relajación en las tensiones, por lo que, aunque un terremoto superior en los próximos días «no es descartable», «lo normal» es que no se produzcan a corto plazo.

Sobre las medidas de construcción y de prevención propuestas en el citado decálogo cuatro eran estatales y seis autonómicas pero «no se ha llevado a cabo ninguna». Por ello, le resulta «sorprendente» que en este tiempo no se haya avanzado al menos en una zona como Murcia, que es de alto riesgo sísmico y donde se pueden producir terremotos parecidos.

En este sentido, Suárez ha precisado que, entre las medidas estatales, destaca la reforma de la norma sismorresistente, que data de 2002, para que se incluyan las conclusiones, aportaciones y experiencias del temblor de Lorca.

Otras propuestas incluyen la reforma de la inspección técnica de edificios para adaptar la norma sismorresistente en un plazo de cinco años así como recuperar la obligatoriedad del visado de los proyectos geotécnicos porque considera que su ausencia implica una «bajada exponencial» de la calidad y la seguridad porque «no hay un buen control».

Además, el representante de los geólogos ha apostado por que se realicen estudios de peligrosidad y vulnerabilidad por parte del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), tomando como ejemplo el servicio norteamericano, que asigna a unas zonas de determinada vulnerabilidad, con la que se determinarían los planes generales de ordenación urbana.

«Eso conllevaría, por ejemplo, no poner un hospital encima de una falla o extremar las medidas de seguridad en algunas zonas concretas», ha apuntado.

Respecto a las medidas a nivel autonómico y local, el presidente de los geólogos ha recordado que piden que se impulse que las comunidades autónomas exijan la elaboración de mapas de riesgos en los informes de sostenibilidad de los planes generales de ordenación urbana (PGOU).

En concreto, ha precisado que «solo el 7,5 por ciento» de los Ayuntamientos con PGOU aprobados cumplen con la exigencia de tener mapas de riesgos naturales con carácter previo a dichos planes.

«Estas medidas no son para hacer en un año, pero sí a desarrollar a diez años. Sin embargo, el tiempo político tiene poco que ver con el tiempo sísmico», ha declarado Suárez, que ha advertido de que en 10 años se podrá producir un terremoto con daños «iguales o superiores» y habrá que volver a lamentarse, como en Lorca.