La compañía Oil and Gas, que ha solicitado varias autorizaciones a la Comunidad Autónoma y al ministerio de Industria para buscar hidrocarburos en el Noroeste, mediante el polémico 'fracking', piensa invertir 11,7 millones de euros en sus prospecciones durante tres años. La sociedad que preside Fulgencio Jiménez de la Peña, que fue delegado de Repsol en Egipto, tiene dos solicitudes presentadas en Murcia y en Madrid. El BORM ha publicado esta misma semana la petición para realizar exploraciones dentro del proyecto denominado 'Acuario', que abarca los términos municipales de Moratalla, Caravaca, Cehegín y Bullas.
El pasado mes de mayo Oil and gas consiguió la autorización del Consejo de Gobierno para realizar las prospecciones previstas en el proyecto denominado 'Escorpio'.
Al igual que Oil and Gas, la empresa Invexta Recursos, filial del grupo ACS, ha presentado otras dos solicitudes para buscar hidrocarburos en la Región. El propósito de ambas compañías es explotar las bolsas de gas natural que pueden existir en el subsuelo de la Región mediante el sistema de extracción conocido como 'fracking', que consiste en inyectar agua, arena y ciertos productos químicos a presión para fracturar las capas de rocas y hacer aflorar los hidrocarburos.
Su utilización ha sido prohibida en algunos países europeos y también hay comunidades que han rechazado este sistema de perforación.
El proyecto 'Acuario' es anexo al denominado 'Escorpio' y afecta a una zona de 20.130 hectáreas. El permiso solicitado tendría una vigencia de cinco años. La revisión geoquímica de la zona, recopilación e interpretación de datos y los sondeos requieren de unas inversiones que alcanzarán un mínimo de 11,7 millones durante los cinco años de la autorización. En el primer año la empresa estará obligada a invertir no menos de 100.000 euros y 120.000 el segundo.
En el tercero la inversión será de 3,5 millones y cuarto y quinto, cuatro millones por ejercicio.
El secretario general del PSOE, Rafael González Tovar, considera «una inconsciencia que, en una Región como con un grave riesgo sísmico, se autoricen esas técnicas de explotación». Recordó que en las costas de Castellón el proyecto 'Castor' está ocasionado seísmos por el uso de una presión de 421 atmósferas, «mientras que para la fractura hidráulica se usan presiones de hasta 700 atmósferas, por lo que el riesgo es real y mayor.
Además, los terremotos que se producen en la fractura también podrían romper los tubos de extracción del gas y contaminar las aguas subterráneas en el accidente».
Añadió que «los gobiernos del PP en Madrid y en la Región quieren reducir al mínimo las exigencias ambientales para facilitar los negocios de sus empresas amigas», dado que «la futura nueva Ley de Impacto Ambiental del PP supondrá un retroceso porque desmantela el nivel de protección alcanzado con anterioridad». Avanzó que el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo ha pedido la prohibición de esta técnica., que ya se aplica en varios países.
