La empresa promotora de una urbanización para la construcción de alrededor de 6.000 viviendas en el paraje de La Pineda, en la pedanía lorquina de La Paca, la mercantil 'Justo y Manolo S.L', reclama al ayuntamiento de Lorca la devolución de 1,5 millones de euros en concepto de entregas a cuenta pactadas en el convenio que firmaron en su día, y que no se ha llevado a efecto, además de otros 900.000 euros en concepto de adquisición del 10% del aprovechamiento lucrativo correspondiente al ayuntamiento de Lorca y 495.000 euros como pago de gastos de redacción de la documentación técnica, según ha anunciado el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, José García Murcia.

Se trata, según García, del quinto convenio urbanístico de los más de 80 que se firmaron en su momento donde se reclama la devolución del dinero al no haberse ejecutado las obras a raíz de la crisis económica que sufrimos. Dichas viviendas se pretenden construir sobre una superficie de 627 hectáreas de terreno junto a la carretera de Caravaca.

«Éste es el resultado de la política del ladrillo desarrollada por PSOE y PP durante muchos años», añade. Los convenios, según el portavoz de IU, «están poniendo en jaque al ayuntamiento de Lorca y comprometiendo gravemente su estabilidad presupuestaria, ya que no puede responder económicamente a esas demandas». García Murcia ha recalcado que «nuestras manos están limpias» y ha anunciado que su grupo se abstendrá en la votación de la moción que al pleno del próximo lunes presentará el grupo popular pidiendo que se desestime la petición que han hecho los responsables de la citada mercantil.

Por su parte, el alcalde, Francisco Jódar, confía en que el Ayuntamiento saldrá finalmente airoso de los litigios que hay en marcha iniciados por algunos promotores urbanísticos que han solicitado la devolución del dinero que entregaron a cuenta para poder desarrollar los convenios urbanísticos en distintos puntos del municipio y que varios años después de la firma aún están por desarrollar como consecuencia de la crisis económica. En el caso de que no fuese favorable para el Ayuntamiento, «se produciría una auténtica catástrofe», según el alcalde.

Según Jódar, de los más de 80 convenios urbanísticos que firmó la anterior administración socialista «hay 17 que cuentan con la cláusula célebre de los tres años, aquella que yo definí en su día como una trampa financiera para el Ayuntamiento, algo que resulta pan para hoy y hambre para mañana». «El hambre ha llegado porque las reclamaciones se están produciendo y algunas se han judicializado e incluso hay ya sentencias a favor y en contra», añade.

El alcalde reconoce también que «hay una sentencia que tendremos que pagar y el resto esperamos ganarlas porque es de justicia que así sea». Los 17 convenios a los que hace referencia el alcalde «cuentan con un componente importante de especulación» y lo que no tiene sentido, según Jódar, «es proteger la especulación y que se esté poniendo en riesgo la prestación de servicios municipales, el pago de las nóminas a los funcionarios, la recogida de basuras o la limpieza de calles».

Con todos estos convenios se pretendían construir en Lorca más de 130.000 viviendas, algunas en pedanías con menos de 50 habitantes.