No hubo celebraciones en el segundo aniversario del inicio de la cuarta legislatura de Domingo Aranda como alcalde de Caravaca. A primera hora de la mañana más de una veintena de agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la unidad del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO), accedía al Consistorio ante la cara atónita de sus trabajadores que tuvieron, que abandonar el edificio, dejando todos los ordenadores encendidos. Buscaban documentación relativa al expediente de recalificación de terrenos, en el año 2004, de la finca El Roblecillo, ubicada en la pedanía caravaqueña de Archivel. La UCO sospecha que pudo haber manipulación de informes ambientales y tráfico de influencias para la aprobación del plan urbanístico que incluía la construcción de una urbanización de lujo promovida por la empresa Golden Sky -propiedad de Antonio Villaplana y Manuel Sánchez-.

Durante el registro, el alcalde fue informado de su imputación por presunto tráfico de influencias. Desde el Partido Popular, sin embargo, negaban anoche que tal imputación se hubiera producido en cuanto que en ningún momento se llevó al edil ante el juez, el único capacitado para imputar algún delito. Asimismo, añadieron que no se le había citado en fecha concreta alguna para declarar ni se le informó de cargos que pesen sobre él. No obstante, al existir los indicios de delitos que han llevado al juez a permitir los registros, es más que previsible que Aranda acabe finalmente en los días próximos escuchando su imputación ante el juez. Fuentes jurídicas consultadas por esta redacción explicaron que las imputaciones se hacen siempre a título personal, pero sí que admitieron que técnicamente no hay imputación hasta que el juez lo comunica. El propio PP dio por hecho la imputación formal durante la mañana e incluso llegó a anunciar una reunión extraordinaria para estudiar la pérdida de militancia de Aranda, encuentro que más tarde el PP de Caravaca afirmó que se había suspendido. Otro empresario del que no trascendió el nombre también habría sido imputado.

Más allá de la imputación o no del alcalde, el hecho incontestable es que ayer saltó la liebre de una posible trama de corrupción bajo la sospecha de la UCO de que hubo tráfico de influencias e irregularidades durante el proceso de aprobación de un proyecto urbanístico de lujo que incluía la construcción de ocho mil viviendas, dos campos de golf e instalaciones deportivas y que pretendía acoger a 20.000 personas. En busca de documentación se hicieron siete registros y la Guardia Civil entró ayer, además de en el ayuntamiento de Caravaca, en la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comisaría de Aguas, la consejería de Obras Públicas, una asesoría en Murcia, un domicilio particular y una empresa en Torrevieja.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia ha decretado el secreto de sumario, pero fuentes cercanas a la investigación informaron de que los agentes estaban buscando un informe de los servicios técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura que a priori sería desfavorable, pero que, sin embargo, en el expediente figura con el visto bueno de dichos servicios técnicos. La recalificación de terrenos forestales y la sobreexplotación de recursos hídricos fueron las cuestiones controvertidas en la aprobación de un plan que finalmente nunca llegó a ser una realidad, probablemente por el estallido de la burbuja inmobiliaria. La búsqueda de información sobre el caso mantuvo a los agentes en la CHS durante más de doce horas.

Los agentes de la Guarcia Civil llevan sobre este tema desde marzo de 2010, cuando la UCO presentó al Juzgado de Instrucción Nº 6 de Murcia, que investiga supuestos casos de corrupción, en varios municipios murcianos un informe dedicado específicamente a esta urbanización y a su promotora, la empresa Golden Sky, S.L.