El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, junto al equipo de Gobierno del Ayuntamiento, seguirá defendiendo la continuidad del poblado de Puntas de Calnegre independientemente de quien gobierne en España, según manifiesta el concejal de Medio Ambiente, Melchor Morales.

Los vecinos de la zona, sobre la que hay en marcha un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, quieren conservar sus casas, en las que, según ellos, llevan viviendo más de un siglo.

Los vecinos de Puntas de Calnegre se mantienen unidos a la hora de exigir que la ley de costas no acabe con una parte de sus historia, que siguen defendiendo a todos los efectos. Una ley de costas que, según el concejal Morales, afectará de alguna medida al poblado, aunque hasta el momento no hay nada definitivo al respecto.

En este sentido, dijo que «el equipo de Gobierno siempre ha estado y estará al lado de los vecinos de Puntas de Calnegre con independencia de quien esté en el Gobierno Central», recordando que «nuestra lucha se inició cuando gobernaba el PSOE y la mantenemos hoy, aunque haya cambiado el panorama político».

El edil advierte que «el Partido Popular está siendo criticado porque quiere cambiar la ley de costas para no perjudicar a los vecinos en situaciones como las de Puntas de Calnegre».

Morales critica lo que considera como «una obsesión» por parte del anterior Gobierno socialista por acabar con dicho poblado, algo que «tanto el alcalde como el actual equipo de Gobierno van a seguir defendiendo, cueste lo que cueste», afirmó Morales.

Desestimado por el Supremo

El Tribunal Supremo desestimó el pasado mes de octubre el recurso presentado por el ayuntamiento de Lorca para que se mantengan los deslindes efectuados en el año 1977, sobre dicho poblado integrado por casi medio centenar de viviendas que corren peligro de demolición en aplicación del nuevo deslinde que se llevó a cabo en el año 2005.

El ayuntamiento ha incoado ante la consejería de Cultura un expediente de Bien de Interés Cultural sobre dicho poblado que sirve para salvaguardar la instalación con la particularidad de que no se puede tocar, aunque el ministerio de Medio Ambiente lo impugnó ante los tribunales con un contencioso.

Los vecinos, mientras tanto, insisten en que no son ocupas y que se encuentran allí de forma legal a la vez que consideran que se ha actuado sobre ellos de forma arbitraria y con agravios comparativos.

Según el representante de los vecinos, Juan de Dios Martínez, cuando se hizo el deslinde «no tuvimos oportunidad de defender nuestros derechos como ciudadanos ni tampoco de alegar».