Los abogados de Proambiente han iniciado actuaciones ante tres administraciones distintas para que cese lo que consideran son unas «claras coacciones» del ayuntamiento de Orihuela contra la actividad que se desarrolla en el vertedero de basura de Abanilla-La Murada. La empresa se ha dirigido a la Subdelegación del Gobierno de Alicante para que le aclare qué competencias pueden tener los agentes que se están encargando de desviar los camiones de la basura, impidiendo la llegada a las instalaciones por orden del consistorio oriolano.
Por otra parte, según explicó el letrado Isidro Hernández, se va a solicitar al juzgado de Orihuela una medida cautelar para no perjudicar la actividad, a fin de que se retire el precinto de las instalaciones.
Igualmente, Proambiente tiene abierta una tercera vía jurídica ante el propio Ayuntamiento, al que ha presentado recursos y alegaciones comprobando cómo van pasando los días sin tener contestación pero viendo cómo la Policía sí actúa. Desde el ayuntamiento de Orihuela afirman que «la planta puede continuar si los camiones entran por Abanilla», cosa que sigue ocurriendo. También esperan que la Policía Autonómica visite el vertedero y expresan su deseo de participar en inspecciones de la Comunidad Autónoma de Murcia «para comprobar que los vasos estén debidamente sellados».
Por su parte, los empleados del vertedero creen que el precinto de la puerta principal de las instalaciones es «un ataque». Además, criticaron el Campamento de la Salud, donde están los vecinos que se oponen al vertedero: «Actúan de forma mafiosa, vigilando y acosando a los trabajadores», dicen.
Redoblar esfuerzos y medios
El director general de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Amador López, afirmó ayer que el análisis de riesgos y el proyecto de recuperación del entorno natural presentado por Proambiente «necesitan ser mejorados sustancialmente». Hasta que la mercantil no subsane los errores detectados por los técnicos no se podrá retomar de nuevo la tramitación de la autorización ambiental integrada, que permitiría a la mercantil reabrir de nuevo el vaso 3 por un periodo de siete años.
Según Amador, la empresa propone un plazo de 10 años para completar la reparación ambiental, un periodo que considera «excesivo» y que propone que se reduzca a la mitad «redoblando esfuerzos y medios». En su opinión, ésta será también la forma de comprobar «la voluntad» de la empresa para subsanar «los daños al medio ambiente» producidos años atrás en las instalaciones que ahora están clausuradas. Amador recuerda que en el vertedero tan solo funciona la planta de tratamiento de residuos.
