Una barrera humana formada por 50 empleados de Proambiente. Eso es lo que se encontraron los cuatro agentes de la Policía Local de Orihuela que ayer por la tarde acudieron al vertedero de Abanilla, por la puerta que da al municipio alicantino, acompañados por la Guardia Civil para precintar su acceso principal, en cumplimiento de un decreto de Urbanismo que establece como medida cautelar el cierre de las instalaciones que la planta de residuos tiene en Orihuela sin licencia.
Los empleados se sienten «muy acosados» y dicen que lo único que intentan es «defender nuestro pan y el de nuestros hijos cuando nos hemos enterado de que venían precintar. No nos pueden impedir que vengamos a trabajar, lo demás está donde tenga que estar, que es en sede judicial» (en referencia a los supuestos vertidos ilegales en suelo no autorizado dentro del vertedero y en fincas agrícolas fuera de ella, aunque este empleado añadió que «en seis años que llevo trabajando no he visto nada ilegal y ahora tampoco»).
Pasadas las 21.15 horas los agentes lograron pasar una cinta que significa el cierre y clausurar los equipos de pesaje de camiones, que son el ´motor´ de la planta.
Se enfrentan, según uno de los empleados, al «acoso total y absoluto de la Policía hacia la empresa, no sabemos con qué intereses» y ellos además se sienten perseguidos por los vecinos de La Murada, que se han instalado desde el 14 de junio en el ´Campamento de la Salud´, a las puertas del vertedero, controlando el paso de camiones. «Cada vez que vienes a trabajar te apuntan la matrícula, esto es acoso y derribo». Otro empleado añadió que «estamos aquí desde las cuatro de la tarde, mi turno acaba las 12 pero si hace falta estaré hasta mañana. Esta es una empresa seria que jamás se ha retrasado un día en las nóminas». La mercantil admitió ayer que durante los últimos ocho meses ha tenido que despedir a muchos trabajadores por la actual situación que sufre.
La empresa se defiende
El apoderado de la mercantil, Ramón Fenoll, ha remitido un escrito a Urbanismo en el que pide que se levante la medida cautelar de cierre porque las instalaciones que Proambiente tiene en término municipal de Orihuela no ponen en peligro el medio ambiente ni la salud de las personas. Ese fue el argumento del edil de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE), al decretar la medida en paralelo a un expediente de sanción que se está tramitando y que podría imponer siete multas de entre 50.001 y 300.000 euros por siete instalaciones de la empresa sin licencia. La empresa sostiene que son para uso particular, no para prestar servicios a terceros, y por lo tanto no se pueden considerar actividad. Tampoco se les podría aplicar la ley de prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental porque no son el vertedero.
La planta de vertidos, clausurada por orden judicial, se asienta en el municipio de Abanilla, y es allí donde tiene todas sus licencias, según afirma la empresa.
