­«Esto es muy serio, está en juego la salud de las personas. Y nuestra salud no puede estar en peligro a costa de que otros sigan ganando dinero». Ese fue el principal mensaje que se trasladó ayer en una manifestación de cientos de vecinos de las poblaciones más próximas al vertedero de Proambiente, propiedad del empresario Ángel Fenoll, para exigir el cierre definitivo del vertedero, clausurado en sus vasos de vertido desde hace nueve meses, aunque pendiente ahora de recibir autorización para su ampliación. Vecinos de Abanilla, La Murada (Orihuela) y otras poblaciones cercanas a la planta se concentraron a las puertas de la planta, que inició su actividad a principios de los noventa y que recoge a diario en torno a 400 toneladas de residuos de 18 municipios. La protesta comenzó a las siete de la tarde en La Murada y congregó a unas 500 personas. Tras las intervenciones de los portavoces de Vertivega en Abanilla y La Murada, el concejal de Medio Ambiente de Orihuela, Manuel Culiáñez, mostró el respaldo del equipo de Gobierno a los vecinos y recordó un párrafo del informe del ecotoxicólogo realizado a instancias de un juzgado de Orihuela sobre el enterramiento ilegal de 400 toneladas en el que se dice que esas basuras sin tratar, sepultadas en campos agrícolas en las cercanías del vertedero, suponen un riesgo para las salud de las personas y recomienda que se retiren y eliminen.

Los colectivos vecinales que se han organizado en contra de la actividad del vertedero de Proambiente han dado además un paso más acampando en sus inmediaciones como medida de presión. Más de treinta tiendas de campaña han quedado instaladas con voluntad de permanecer durante mucho tiempo porque se ha dotado de sumistro eléctrico y todos los servicios. El objetivo de esta iniciativa, que se ha puesto en marcha por parte de vecinos de Abanilla y La Murada al margen de Vertivega es realizar un control de la llegada de camiones, su procedencia e incluso tratar de establecer qué tipo de residuos. En su primera noche contabilizaron la llegada de más de 120 camiones.

Vertivega reclamó ayer la dimisión del consejero de Presidencia, Manuel Campos, por consentir, en su opinión, la actividad de una instalación en la que la Guardia Civil y de sus propios funcionarios del Gobierno murciano han detectado una gestión cuajada de graves irregularidades, además de terrenos situados alrededor del vertedero están contaminados por sus lixiviados –ayer se visitó una finca en la que rezuman en los bancales– o por los generados a raíz de enterramientos ilegales de basuras en campos agrícolas.Esta acampada recordaba a algunos las guardias de 24 horas que durante años siguieron los vecinos de Torremendo para impedir la apertura de un vertedero de Fenoll. Objetivo que consiguieron. Vertivega quiso aclarar sus protestas van a ser pacíficas y que no se va a impedir el paso de camiones, además de enviar el mensaje claro a los agricultores de que la acción se realiza para garantizar la calidad de los productos agrícolas y no para desprestigiarlos.

La lucha de estos vecinos no es nueva. Las manifestaciones por las consecuencias de la actividad del vertedero se remontan a mediados de los noventa.

El edil de Medio Ambiente, Manuel Culiáñez, anticipó ayer que el miércoles se reunirá con el director general de Medio Ambiente de la Generalitat, Vicente Tejedo, para informarle sobre las actuaciones municipales y denuncias contra esta actividad y reclamará que actúe porque entienden que parte del vertedero está en Alicante y el jueves, junto al alcalde Monserrate Guillén hará lo propio con el consejero Manuel Campos, un responsable político que antes ejercía como fiscal, al que Vertivega acusa de «ingenuo por pensar que la empresa iba a cambiar», quien tiene en sus manos la decisión sobre la reapertura.