El equipo de gobierno del PP en Abanilla acordó ayer, con los votos en contra de la oposición (PSOE e iUMA), una modificación del Plan General que beneficia los intereses del vertedero de Proambiente -ubicado entre esta población y la pedanía oriolana de La Murada-, propiedad del empresario Ángel Fenoll, imputado por el caso Brugal. El acuerdo supone que los terrenos donde está emplazada la ampliación del vaso de vertido de basura número 3 dejen de estar protegidos en el marco del LIC de la Sierra de Abanilla, algo imprescindible para que la dirección general de Medio Ambiente de la Comunidad pueda dar el visto bueno a la solicitud de reapertura realizada por la empresa, que tiene clausurada su actividad de vertido desde el pasado septiembre por la Administración regional. Fuentes de la consejería de Presidencia, de la que depende Medio Ambiente, señalaron que la próxima semana estará lista la Declaración de Impacto Ambiental sobre el vertedero.
El alcalde de Abanilla, Fernando Molina (PP), trató de restar importancia al único punto que figuraba en el orden del día del pleno extraordinario celebrado ayer. Desde su exposición inicial, hizo hincapié en que lo que se debatía no era una modificación del PGOU, sino que se trataba de «corregir un error de cartografía». Según dijo, los terrenos de Fenoll y en concreto los del vaso 3 «están fuera del LIC de la sierra» y en el Plan General aparecen como parte de éste, por lo que era necesaria una corrección.
Concentración
Aunque quiso restar peso al asunto y transmitir calma, el alcalde sabía de antemano que el tema a debatir había levantado ampollas entre decenas de vecinos tanto de Abanilla como de poblaciones limítrofes como Benferri o la pedanía de La Murada. Antes de que comenzara la sesión, medio centenar de simpatizantes de la plataforma Vertivega, provistos con carteles y pancartas que alegaban en contra de esta medida, se concentraba en las inmediaciones del consistorio para protestar. Y es que han sido precisamente los residentes en los alrededores del vertedero los que en los últimos meses han descubierto toneladas de basuras enterradas de forma ilegal en terrenos agrícolas, además de denunciar supuestas irregularidades en el funcionamiento del vertedero, que da servicio a una veintena de poblaciones, la mayoría de la Vega Baja y la comarca Oriental.
Desde la bancada socialista, su portavoz, María José Atienza, explicó que su grupo votaría en contra de la modificación al estimar que se trataba de «otra chapuza para seguir dándole manga ancha a este problema», y alertó que los vertidos ilegales de residuos están siendo investigados por las fuerzas de seguridad. Atienza recordó que cuando se instaló el vertedero, la mercantil vendió el proyecto como «garantía de empleo» a través de una «gestión empresarial ejemplar», y que sin embargo hoy existen informes que apuntan a los riesgos nocivos para la salud y para las explotaciones agrícolas derivadas de la actividad «descontrolada» de vertidos. «Estamos hablando de la salud de nuestros hijos. Que la mierda se la lleven a otro sitio», sentenció la socialista. Por su parte, la edil de IUMA también centró su exposición en la importancia de garantizar que el vertedero no cause efectos negativos en la salud antes que fijarse en los beneficios económicos. En la actualidad, la actividad del vertedero se encuentra clausurada desde que el Gobierno regional decretó su cese el pasado septiembre, aunque dicha decisión no afectó a la planta de valorización, donde se hace el proceso de selección de residuos para su aprovechamiento. La exclusión de los terrenos donde se encuentra emplazado el vaso 3 del LIC de la sierra abre ahora la puerta a su legalización.
